El sindicato Derecho al Techo comparecerá este miércoles ante el Instituto Canario de la Vivienda para reclamar al Gobierno de Canarias medidas propias frente al problema de acceso a la vivienda en las Islas. Entre sus peticiones figuran contener los precios del alquiler, impulsar zonas de mercado residencial tensionado y actuar frente al uso fraudulento de contratos de temporada.
La organización vincula sus reivindicaciones al denominado “Decreto Maricarmen”, el nuevo paquete estatal de medidas de vivienda acordado por PSOE y Sumar, pero sostiene que la respuesta al problema habitacional no puede depender únicamente del Gobierno central.
“El Gobierno de Canarias no puede mirar hacia otro lado”, sostiene Derecho al Techo, que reclama al Ejecutivo autonómico que se posicione públicamente y adopte medidas dentro de sus competencias.
La organización defiende que el nuevo decreto estatal puede servir para abordar cuestiones como la estabilidad de los contratos, los alquileres de temporada y por habitaciones, la contención de precios y la protección de personas vulnerables frente a los desahucios.
Sin embargo, insiste en que “la responsabilidad no termina en Madrid” y dirige una batería de reclamaciones directamente al Gobierno de Canarias.
Zonas tensionadas para contener el alquiler
Una de sus principales demandas pasa por impulsar y facilitar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios o ámbitos de Canarias donde se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
En este punto, la reclamación cuenta con un marco normativo autonómico. Canarias incorporó en abril de 2025 un procedimiento específico para estas declaraciones, de acuerdo con la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda.
El procedimiento debe ser iniciado por el ayuntamiento interesado, que tiene que delimitar el ámbito y aportar, entre otros documentos, un análisis del mercado residencial, datos sobre precios de compraventa y alquiler, niveles de renta de los hogares y una propuesta de medidas para corregir los desequilibrios detectados.
La decisión final corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda del Gobierno de Canarias. La normativa establece que, una vez instruido el expediente, podrá declarar la zona solicitada teniendo en cuenta tanto el cumplimiento de los requisitos como su incidencia sobre la política autonómica de vivienda.
Las declaraciones tienen una vigencia inicial de tres años y pueden prorrogarse si continúan las circunstancias que las motivaron.
Derecho al Techo pide al Ejecutivo autonómico que utilice esta herramienta allí donde se den las condiciones legales y que aplique mecanismos efectivos para contener los precios de los alquileres.
Alquileres de temporada y viviendas vacías
Otra de las reclamaciones se centra en los alquileres de temporada. El sindicato pide actuar contra aquellos contratos que, según denuncia, se utilizan para eludir las normas aplicables al arrendamiento de vivienda habitual.
También reclama medidas destinadas a recuperar viviendas vacías para destinarlas a uso residencial, así como proteger y ampliar el parque público de vivienda de las Islas.
La organización completa sus peticiones con una exigencia dirigida a las personas en situación de mayor vulnerabilidad: que ninguna sea expulsada de su vivienda sin disponer de una alternativa habitacional “digna y adecuada”.
“El desahucio es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes”, sostiene Derecho al Techo, que sitúa entre los problemas previos los precios elevados de los alquileres, la inestabilidad contractual, la precariedad y la falta de alternativas residenciales.
Siete reclamaciones al Gobierno de Canarias
En concreto, Derecho al Techo plantea siete exigencias al Ejecutivo autonómico: que reclame al Gobierno central medidas que respondan a la emergencia habitacional; facilite las declaraciones de zonas tensionadas; impulse mecanismos para contener los alquileres; actúe contra el fraude en contratos de temporada; movilice vivienda vacía; proteja y amplíe el parque público; y garantice alternativas habitacionales ante los desahucios de personas vulnerables.
La movilización se produce después de las protestas celebradas el pasado fin de semana en Canarias por el acceso a la vivienda. En Las Palmas de Gran Canaria, Derecho al Techo participó en las movilizaciones vinculadas al caso de Maricarmen, convertido en uno de los símbolos recientes de las reivindicaciones del movimiento inquilino.
Con su comparecencia ante el Instituto Canario de la Vivienda, la organización busca ahora trasladar esas reivindicaciones directamente al Ejecutivo autonómico: “La vivienda también es responsabilidad del Gobierno de Canarias. Que no eche balones fuera”.
Clavijo cuestiona el decreto estatal de vivienda
Las reclamaciones de Derecho al Techo llegan después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuestionara este martes la forma en la que el Ejecutivo central ha negociado el nuevo decreto de vivienda.
Antes de conocerse el acuerdo definitivo entre PSOE y Sumar, Clavijo aseguró que “un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas” y reclamó un acuerdo más amplio entre las fuerzas políticas.
El presidente canario explicó, durante una visita a Dublín, que el Gobierno de España había remitido el lunes a Coalición Canaria un borrador del decreto. Clavijo precisó entonces que desconocía si se trataba del texto definitivo.
Según explicó, CC pudo trasladar propuestas que ya había planteado anteriormente al Estado. Entre ellas, reclamó establecer una “distinción entre pequeños, medianos y grandes propietarios”.
También defendió que el silencio administrativo sea positivo cuando hayan transcurrido seis meses sin que un ayuntamiento conceda una licencia para construir una vivienda.
“No cargar todo el peso” sobre los propietarios
Clavijo argumentó que las medidas en materia de vivienda no deberían “cargar todo el peso” de la responsabilidad en los propietarios, sino permitir también una mayor intervención de las administraciones públicas.
El presidente autonómico criticó además el procedimiento seguido para alcanzar el acuerdo y recordó que el Gobierno de España lleva ocho años al frente del Ejecutivo.
A su juicio, la vivienda requiere “grandes acuerdos, no acuerdos de última hora”. Clavijo sostuvo que las legislaciones “improvisadas, en el último minuto, generan al final más problemas que soluciones”.
Por ello, manifestó su deseo de que la situación pueda “reconducirse” y la política de vivienda sea objeto de un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, con “sentido común y sosiego”.
Clavijo habla de “poses” entre PSOE y Sumar
El presidente canario también se pronunció sobre las diferencias que PSOE y Sumar mantuvieron durante las negociaciones previas al Consejo de Ministros.
Clavijo consideró que se trataba de “una cuestión de poses, de relatos y de poses más que de resolver un problema”.
Asimismo, descartó que estas discrepancias fueran a provocar una ruptura del Gobierno de coalición y enmarcó los desencuentros entre ambas formaciones en “amagos para intentar situarse electoralmente”.
Sus declaraciones se produjeron antes de que PSOE y Sumar cerraran finalmente el acuerdo y el Consejo de Ministros aprobara los dos reales decretos de vivienda.
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