Que Canarias pudo ser invadida tanto en la I como en la II Guerra Mundial por la Alemania imperial, y luego nazi, o por los aliados, especialmente Inglaterra, con apoyo final de EE.UU., se sabe de sobra y ha sido muy estudiado. Que el Mando Económico de Canarias (MEC, de 1941 a 1946) fue creado para fortificar las Islas ante ese eventual ataque por la insuficiente cobertura aérea y naval, también; que se utilizó, asimismo, para aportar infraestructuras educativas, hoteleras, viviendas, hidráulicas y de otro tipo para paliar el paro en aquella España y Canarias de miseria, hambre y cartillas de racionamiento (agravada por el bloqueo internacional, que dificultó al máximo el acceso a materias primas) se comprobó desde entonces con su quehacer y, por supuesto, existe mucha constancia historiográfica.
Sin embargo, lo que nunca se había publicado son los dos decretos de agosto y septiembre de 1941, declarados secretos o reservados, constitutivos del MEC, firmados por Presidencia del Gobierno, que jamás salieron en el BOE, que se daban por perdidos tras unas inundaciones y que Juan Romero Pi, catedrático de Derecho Fiscal de la Universidad de La Laguna, difunde ahora en un libro.
La obra, titulada Los decretos secretos de creación del Mando Económico de Canarias 1941-1946, fue presentada en la noche del pasado martes en el Casino de Tenerife. Con la presencia de la consejera regional de Hacienda, Matilde Asián; del profesor de Derecho Financiero de la ULL, Alberto Génova Galván, y de los generales de Artillería y de Estado, Mayor José Manuel Pérez Bevía y Emilio Abad Ripoll, la cita sirvió para poner en valor, contexto y perspectiva histórica la aportación de Romero Pi, quien encontró los legajos en el Archivo Militar de Ávila en febrero de 2022, tras escuchar citas sobre ellos desde 1982 y buscarlos durante años.
Para su hallazgo, resultó clave el consejo de Bevía, que le recomendó ese archivo, si bien antes le había despertado el interés Ripoll con una conferencia de 2006 y le influyó mucho el profesor Alberto Génova Galván, experto en archivos militares y al que dedica la obra. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Romero Pi asegura que, aunque se trate de un libro pequeño, es uno de los que más satisfacción le ha dado por la relevancia de los documentos.
Eso sí, y si alguien le acusa de pretender blanquer esta etapa del franquismo, subraya que se limita a analizar el contenido de los decretos, lo hecho por el MEC y el contexto en medio de la II Guerra Mundial, “sin ninguna exaltación ni consideración política a favor o en contra”.
Según remarca Abad Ripoll en el laudatorio de la obra, se trata de decretos de gran valor que él mismo estuvo buscando durante años en el BOE y en el archivo histórico de la Capitanía General de Canarias, dándolos por perdidos seguramente por la inundación que sufrieron en su día estas dependencias.
Este general se preparó a fondo dicha conferencia de 2006, pero lamentó en ella no aportar esos textos. Sin embargo, en 2022 recibió un correo de un desconocido que le indicaba que había hallado los decretos, que había leído su conferencia en el sitio web de la Tertulia Amigos del 25 de Julio y que los incluiría en un libro.
Por supuesto, pronto se conocieron en una cafetería santacrucera y coincidieron no solo en la relevancia del hallazgo, sino en lo que supuso el MEC en plena II Guerra Mundial con una España herida que salía como podía de la guerra civil, en la que el paro y el hambre colonizaban el día a día de demasiada gente, en unas islas amenazadas por una posible invasión aliada o de los nazis y que necesitaban de forma perentoria acciones para paliar el desempleo y la miseria.
Según recalca el autor, la relevancia del MEC fue “inmensa en esos años y las décadas siguientes”. No solo por fortificar las islas, sino por impulsar obras de infraestructura, lo que evidencian unas cifras más que llamativas. Además, “por demostrar una gran efectividad en el gasto público y con muy poco personal, unas 50 personas”.
Con los tributos que cobraba a productos importados, aunque, sobre todo, nutriéndose de los presupuestos del Estado, el MEC llegó a gestionar y llevar a distintas actuaciones unos 102,1 millones de pesetas. Según los cálculos del catedrático, eso supondría hoy unos 4.300 millones de euros, lo que queda bien dimensionado si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la UE aportará a las Islas hasta 2027 un total de 4.890 millones de fondos ordinarios.
De esos 102,1 millones de pesetas, la mayor cantidad, eso sí, se dirigió al monumento a los caídos de Santa Cruz de Tenerife (17,32) impulsado por la dictadura, seguido de los 13,9 para hoteles (como el Mencey, el Santa Catalina o los paradores), 10,2 para obras hidráulicas, así como 7,8 para centros docentes. Además, se destinaron 6,8 a equipamientos sanitarios, 4,9 a mercados (como la Recova), 4,59 al célebre puente Serrador (de la capital tinerfeña), 3,37 a obras para la iglesia, 2,8 a “barriadas obreras”, una cifra similar a suministro eléctrico, 2,66 a obras públicas y otros 4,76 a acciones no especificadas en el libro.
FECHAS DE LA FIRMA
El primer decreto se firmó el 5 de agosto de 1941 y el segundo, el 27 de septiembre de ese año. Ambos conferían al capitán general de Canarias “el mando económico de las Islas”, con competencias sobre abastecimiento y transportes, pero también sobre comercio exterior.
La primera etapa del MEC se desarrolló bajo la dirección del capitán general Serrador Santés, sustituido luego por García-Escámez. Entre un decreto y otro, Serrador se trasladó a Madrid para concretar cuestiones del primer decreto y acordar cambios en la defensa de las islas. Así, nace el segundo decreto, que solo se anula el 7 de febrero de 1946, cuando se entiende que, acabada la II Guerra Mundial, el MEC ya no tiene razón de ser, si bien sus obras siguieron. Este nuevo texto sí lo publica el BOE, el 10 de febrero.
Aunque los cabildos mantuvieron sus sistemas tributarios y el MEC “no incidió en la estructura fiscal canaria creando o eliminando impuestos”, para sus obras se nutrió de la diferencia por los fletes de los cereales importados, de los redondeos centesimales de los artículos de racionamiento, de los beneficios de las importaciones directas de café, de la diferencia de precio de artículos remitidos por la Comisaría de Abastos, de la contribución de tres pesetas por kilo de tabaco importado del extranjero, del impuesto a los combustibles líquidos, del recargo de 0,5 pesetas por litro de alcohol importado y de los arbitrios de 1,15 pesetas/litro de gasolina.
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