El diputado del Común, Rafael Yanes, hizo un llamamiento para que el presupuesto de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se incremente el 30% para 2024 para poder cumplir con los plazos establecidos en Dependencia, Discapacidad o Renta de Ciudadanía. “Mientras no se dote adecuadamente a la Consejería para que ponga el personal suficiente, no se resolverá el problema”, manifestó tras reunirse con la Plataforma Por una Renta Canaria Digna.
La portavoz de la plataforma, Inma Évora, recordó que “una de cada tres personas en Canarias vive bajo el umbral de la pobreza o en pobreza extrema” unos registros que “van creciendo cada año” debido a que “las ayudas ultimistas, como la Renta Canaria, no están llegando” y recalcó que “nos encontramos con situaciones gravísimas debido al tiempo en el que se dilatan las tramitaciones incumpliendo el plazo que estipula la ley”.
Expresó que “muchos expedientes no se están revisando”, han terminado en silencio administrativo y la Administración “está negando la renta a muchas familias que se encuentran en una situación de precariedad total, con escasos o nulos ingresos, lo que viene a cronificar la pobreza que ya tenemos y agudizar estas situaciones que viven miles de familias”.
Évora trasladó al diputado del Común que recientemente se requirió documentación a personas que habían solicitado la PCI, solicitudes de 2007 hasta 2021. “Hablamos de 16 años sin tramitar solicitudes”, lo que “agudiza su problema, ya que son ayudas necesarias y tienen que gestionarse con agilidad”.
Consideró “escandaloso” esta situación y exigió “una solución que debe ser rápida” y no prolongar el procedimiento mucho más. Hay más de 4.000 expedientes que están pendientes de alguna documentación, “habrá que revisar los criterios, y esto está generando indefensión entre las personas vulnerables que la necesitan”, dijo. Al no tener esos recursos, pierden su vivienda y no pueden cubrir sus necesidades básicas.