M. A. R. / J. S. / DIARIO DE AVISOS. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido con Junts a aprobar una ley de amnistía para independentistas encausado en el procés y actuaciones precedentes, así como la posibilidad de un sistema de financiación diferenciado (en línea con los antecedentes vascos) y facilitar el regreso de las empresas que salieron de Cataluña en 2017, entre otras contraprestaciones.
El pacto suscrito ayer por Santos Cerdán (PSOE) y Jordi Turull (Junts) para investir a Pedro Sánchez contempla, además, aspectos relacionados con la figura del encargado de verificar los acuerdos establecidos.
Estos son los principales puntos del acuerdo que ayer presentó desde Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Amnistía con ‘lawfare’
El documento estipula que la ley de amnistía que aprobará las Cortes “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”.
Para que puedan beneficiarse otros independentistas procesados por causas ajenas al procés (como Laura Borràs o Gonzalo Boye), se tendrán en cuenta “las situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política”, si así lo concluyen las comisiones de investigación que se constituirán en las Cortes. Esta fórmula permitiría incluso anular las causas judiciales en las que la familia Pujol está inmersa por corrupción.
Mesa con verificador y referéndum
El PSOE se compromete a comenzar a negociar este mes de noviembre, mediante un “mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento”, las cuestiones que afectan al “reconocimiento nacional” y el pleno “autogobierno” de Cataluña.
En esta mesa, detalla el documento, Junts propondrá iniciativas relativas a “un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Dicho artículo de la Carta Magna establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.
Para ello será necesario lograr el visto bueno del Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha sostenido que la Carta Magna no permite celebrar un referéndum de independencia de cualquier región.
Por su parte, el PSOE planteará su fórmula alternativa: “El amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.
100% de los tributos
El texto del acuerdo señala que Junts planteará en la mesa de negociación reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para introducir una cláusula de excepción, que permita ceder a la Generalitat “el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña”. Es decir, una fórmula similar al cupo vasco, tal como reivindicó Artur Mas antes de convocar la consulta ilegal del 9-N de 2014.
Por su parte, el PSOE ofrecerá a los independentistas un modelo de financiación diferenciado para Cataluña, que le permita “la autonomía financiera y el acceso al mercado”. Dado su elevado nivel de endeudamiento, la Generalitat solo ha podido financiarse durante los últimos años a través de mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El PSOE ya ha prometido a ERC condonar a la Generalitat 15.000 millones, equivalente al 20% de su deuda con el FLA.
Regreso de empresas
El PSOE también se compromete a impulsar un plan para facilitar el regreso a Cataluña de la sede social de las miles de empresas que huyeron de la región, debido a la inestabilidad y la inseguridad jurídica que provocó el golpe del 1-O de Carles Puigdemont.
Cataluña en la UE
El PSOE promete igualmente impulsar “la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio”. No va a ser fácil. Pedro Sánchez se comprometió a lograr que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas cooficiales de las instituciones de la UE, pero hasta ahora esta medida ha chocado con el rechazo del resto de socios comunitarios.
Por otro lado, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya comunicó el pasado miércoles por carta a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop las “serias preocupaciones” que está generando la intención del Gobierno de amnistiar a los independentistas procesados por delitos de corrupción o el terrorismo.
La investidura
A cambio de todas estas cesiones, el partido de Carles Puigdemont sólo adquiere dos compromisos: apoyar con sus siete votos la investidura de Pedro Sánchez y facilitar “la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos”.
No es, por tanto, un compromiso incondicional, sino que Junts solo lo mantendrá si se producen avances en la negociación. Por otro lado, Junts no manifiesta en el documento su renuncia expresa a la vía unilateral que Carles Puigdemont ha defendido hasta ahora desde Bruselas.
Puigdemont
Mientras, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, defendió ayer el acuerdo alcanzado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como un punto de partida para “resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España”.
Puigdemont sostuvo que los socialistas han asumido todas las condiciones previas que él puso en su discurso del pasado 5 de septiembre, entre las que mencionó que Europol retire al separatismo de sus informes sobre el terrorismo. No obstante, dejó clara que su “desconfianza” hacia Pedro Sánchez persiste y resaltó que, si no cumple todo lo acordado, hará caer a su Gobierno.
“La estabilidad del Gobierno durante la legislatura, sobre todo en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes, dependerá de una negociación permanente que tenga resultados y que se vayan cumpliendo”, aseguró.
Santos Cerdán
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reivindicó, en rueda de prensa, según recogió Europa Press, el acuerdo firmado con Junts, defendiendo que es un pacto “político y por la ley de amnistía”, que va más allá de la investidura y se centra en toda la legislatura, aunque se han creado mesas de negociación. Ante la carta enviada por el comisario europeo de Justicia, Santos Cerdán replicó el argumento del Ejecutivo para defender que esta proposición de ley nace de un acuerdo entre formaciones políticas y aún no ha llegado al Congreso.
Además, añadió que este acuerdo se pasará a todos los grupos a favor de la amnistía para que lo revisen, lo firmen si así les parece y se pueda registrar próximamente.
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