El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria y Comercio, Manuel Domínguez (PP), relacionó ayer la lucha y reducción de la economía sumergida al empleo de calidad, así como a una menor presión fiscal (desligándola del esfuerzo fiscal), una mayor digitalización que reduzca el uso de dinero en papel, la simplificación administrativa, más inspecciones y facilidades para la legalización si no se es reincidente.
Domínguez compareció en la comisión parlamentaria de su área a petición de NC-BC e insistió en la necesidad de concebir como un mismo paquete el fraude fiscal, el laboral y la economía sumergida. Aunque es consciente de las dificultades para cuantificar esta economía en b, le da credibilidad al último informe regional (de este año), que calcula que las Islas tienen una actividad no aflorada del 27,8%, “casi un 28% que, eso sí, se refiere aún a una etapa postpandémica, por lo que conviene hacer otro en 2024”. Según el informe, Canarias ocupa el cuarto lugar de España.
También recalcó la importancia de la parte cultural (el “con IGIC o sin IGIC”), así como la de campañas como el “Yo soy legal”. Según subrayó, hay que apostar por “el empleo que cotiza, con condiciones de salud, que cumple los convenios, sube la renta y el consumo”. Además, cree clave luchar contra la baja productividad y una mayor competitividad, anunciando un estudio para saber qué medidas ayudarían en eso.
Luis Campos (NC) recordó que, cuanto más avanzadas son las sociedades y mayor es su presión fiscal, “menos fraude hay”, lamentando que Canarias encabece la economía en b “cuando tiene los impuestos más bajos de Europa”. Por eso, cree muy negativo mensajes como el de “no meter la mano en los bolsillos de la gente” desde las administraciones, insistió en que los mayores defraudadores son las grandes empresas o multinacionales y se alejó de modelos como el suizo o el de EE.UU., “donde un conocido ha tenido que pagar 42.000 euros hace días por una gripe agravada tras irse a urgencias”. A su juicio, cuanto más aflore lo irregular, mejor será la renta per cápita, al tiempo que vinculó el absentismo a la inseguridad laboral y pidió que no se relacione la productividad a los trabajadores. Según remarcó, un estudio de 2015 reflejaba que, de aflorarse un 10% lo ilegal, se recaudarían 500 millones más.
Desde el PSOE, Gustavo Santana le reprochó a Domínguez que hable de calidad en el empleo cuando el PP aprobó la reforma laboral de 2012 y se opuso a las mejoras de la última.
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