Las Bajas: un desalojo de cuatro meses, camino del tercer año

Cinco familias que tienen allí su única vivienda han roto el precinto impuesto por el Ayuntamiento de Güímar en Las Bajas una vez conocido que se saltaron el desalojo impuesto en marzo de 2021 para realizar obras de emergencia en un talud situado en los túneles de Güímar de la TF-1.

Unas obras con hormigón proyectado y mallas metálicas que teóricamente iban a durar cuatro meses -así les prometió a los vecinos el Ayuntamiento- y que se vieron paradas, con el 85% del trabajo realizado, cinco meses después de iniciadas, por el sobrecoste de las mismas que Intervención y Secretaría municipal se negaron a pagar. El presupuesto aprobado era de 342.000 euros y la empresa pasó certificaciones por encima del millón de euros.

Ese asunto está hoy en el juzgado y la obra no está recepcionada, por lo que el Consistorio mantiene el precinto de la zona por “inminente riesgo de derrumbe”, según el requerimiento enviado a los vecinos que se “han atrevido” a regresar a sus casas pese a la nueva señalización de prohibido el paso impuesta la semana pasada, además de colocación de barreras new jersey para impedir el paso sobre los callaos de los vehículos, como se hacía antes a esa obra que se ha eternizado.

Los trabajos contratados consistían en colocar barreras dinámicas, mallas de triple torsión y gunitado u hormigón proyectado para reforzar el talud. Con ello se trataba de solucionar los problemas que afectan a esta pared, que presenta riesgo inminente de alta peligrosidad ante los fenómenos atmosféricos, así como riesgo elevado de desprendimiento. Así lo determinaba el informe técnico encargado por el Gobierno municipal y recibido el 15 de febrero de 2021. Ambas circunstancias suponen una amenaza para la integridad de las viviendas y de las personas de Las Bajas, un paso de tránsito entre el litoral de Agache y El Puertito.

Las Bajas es un pequeño poblado formado por una veintena de casas y cuevas-casa (algo similar a Bajo la Cuesta, en Candelaria) de las que solo siete estaban habitadas de forma permanente. Esas siete familias fueron realojadas en pisos de alquiler pagados por la empresa constructora, hasta que esta decidió no seguir haciéndolo tras la paralización en septiembre de 2021 de los trabajos. El Ayuntamiento se comprometió entonces a gestionar de alquiles sociales para esas familias, pero solo con 500 euros mensuales, lo que no cubría todos los gastos.

“Hoy por menos de 800 euros no encuentras un piso de alquiler ni en El Puertito ni en ningún lugar de Güímar, porque apenas hay pisos en alquiler”, comenta Ana Hernández, una de las vecinas que ha decidido regresar a su casa con sus hijos de 14 y tres años y medio. “Aquí tengo mi casa, no quiero ir a otro sitio, ni puedo recibir la ayuda del Ayuntamiento porque ya estoy trabajando”, explica mientras enseña su vivienda, adquirida hace 17 años. “Aquí nunca ha caído una piedra, los únicos problemas que hemos tenido es con el mar”, apunta. Esas viviendas están, además, sujetas a otro desalojo más, este definitivo, si finalmente el Supremo no les da la razón ante Costas, a estas afectadas por un expediente de recuperación posesoria del espacio de dominio público marítimo-terrestre, impulsado por la Dirección General de la Costa el Mar.

El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, defiende que “el Ayuntamiento debe aplicar en todo momento las medidas de seguridad, con la señalización informativa y la advertencia que corresponda”. Sostiene que “no existe ningún informe que aconseje o autorice la reapertura del acceso a Las Bajas ni el tránsito por el lugar”, mientras que “la obra seguirá parada hasta que la Justicia dictamine sobre el expediente con la empresa”.