Falsedad documental en una obra de saneamiento en Güímar

La Fiscalía ha hecho suya la denuncia, primero de Carmen Luisa Castro (PP) y luego del actual alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, de un contrato público de 2,7 millones de euros, supuestamente falsificado, que fue firmado por el exalcalde y actual concejal de Urbanismo del PSOE en Güímar, Airam Puerta.
Después de practicar varias diligencias previas de investigación sobre las presuntas irregularidades en ese contrato, el Ministerio Público presentó el 26 de octubre una denuncia en los juzgados de Güímar para pedir que se abra una causa judicial por un presunto delito de falsedad en documento público y otro de usurpación de funciones públicas.
La Fiscalía señala indicios de que el decreto en el que se amparaba el contrato fue confeccionado de forma ilegal el 28 de diciembre de 2021, llegándose incluso a inventar supuestamente un precepto que no existe en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para dar apariencia de legalidad a la adjudicación de la obra para la construcción de una red de saneamiento de agua en el barrio de Fátima. Asimismo, el Ministerio Público considera probado que una persona, aún sin identificar, se hizo pasar por la secretaria municipal de Güímar para tener acceso a información sobre ese y otros contratos públicos adjudicados.
“Constan informes del informático del Ayuntamiento y de la técnica de administración general en los que se analizan la autenticidad del mencionado decreto del 28 de diciembre de 2021 y, en ambos casos, concluyen que es falso”, indica la Fiscalía en su denuncia, presentada ante los juzgados de Güímar para pedir la apertura de una causa penal. La investigación se centra en la presunta falsificación del decreto por el cual se justificó por necesidades de “emergencia” la adjudicación a dedo de la obra, por importe de 2,7 millones de euros, a la empresa Wawa Canarias SL.
En su escrito, la Fiscalía solicita dividir la causa en dos piezas separadas y pide una extensa batería de diligencias dirigidas a esclarecer la presunta falsificación del decreto y del contrato investigados. El Ministerio Público requiere que se libre un oficio al grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil “con el fin de que se examine la autenticidad del decreto 2377/2021, de 28 de diciembre, y del contrato 4210/2021, de 29 de diciembre, y su conexión con el decreto 2377/2021, de 9 de junio”.
También requiere tomar declaración como testigos a más de media docena de cargos municipales, entre ellos el alcalde, Gustavo Pérez. El actual regidor gobierna en coalición con el PSOE y el apoyo de la única edil de Unidas SÍ Podemos desde las elecciones municipales de mayo, manteniendo como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo a Airam Puerta.
En la relación de testigos en la causa aparecen la secretaria general del Ayuntamiento de Güímar, la técnico de contratación, el responsable de esa misma área, la interventora y el informático municipal, así como el dueño, el gerente y un trabajador de la empresa Wawa Canarias. Seis meses antes de la firma del contrato, el 9 de junio de 2021 y con Airam Puerta como alcalde, se adjudicó también un contrato menor de 14.128 euros a la empresa Rivero Ingeniería y Arquitectura para que se encargase de redactar el proyecto técnico de las obras de saneamiento en el barrio de Fátima.

Firma de la secretaria

En cuanto a Puerta y al actual concejal de Servicios Sociales y Hacienda, José Miguel Hernández, a la Fiscalía interesa esperar a los análisis técnico-periciales encargados a la Guardia Civil y al área de contratación del Ayuntamiento para “determinar en qué condición deberán comparecer”. Lo mismo se solicita respecto del arquitecto al que se adjudicó el diseño de la obra, José Víctor Rivero, al que la empresa Wawa Canarias pagó supuestamente 100.000 euros, de un total de 140.000 comprometidos, por un proyecto que nunca llegó a ser ejecutado, según se desprende de la declaración prestada ante la Fiscalía por el gerente de la mercantil.
En el contrato denunciado se hace constar que, durante la firma del mismo, Airam Puerta estuvo asistido por la secretaria general del Ayuntamiento y el gerente de Wawa Canarias. Sin embargo, en un tenso pleno a finales de marzo pasado, la funcionaria señaló a Puerta y Hernández por la presunta falsificación de su firma digital. Aseguró que nunca habría suscrito un contrato por un importe tan elevado mediante el procedimiento de emergencia y sin un informe favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Ese mismo día, la secretaria general del Consistorio anunció la interposición de una querella criminal ante la Fiscalía.