El dueño del local en el que se ubica la sala Dubai, sita en el Polígono El Mayorazgo, acudió el pasado 23 de diciembre a la Policía Local para presentar una denuncia en la que alertaba del exceso de aforo en la fiesta de Nochebuena organizada por Univerzzo en dicho establecimiento, actualmente en manos de un arrendatario.
Un evento que en la madrugada del día 25 tuvo que ser desalojado por la Policía Local y la Policía Nacional tras la avalancha de personas que no podían acceder ni salir del establecimiento, ocasionando ataques de ansiedad y desmayos en el interior de un espacio previsto para 150 personas y para el que, finalmente, se vendieron 1.500 localidades.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, confirmó ayer este dato en la comisión de control del Ayuntamiento capitalino, a raíz de una comparecencia solicitada por el socialista Florentino Guzmán, en la que pedía que se explicaran los hechos ocurridos en dicha fiesta.
González relató que el 15 de diciembre de 2023 se presentó en Gerencia de Urbanismo una comunicación previa de inicio de actividad en un local para menos de 150 personas. Una vez iniciado el expediente, el día 23 se personó en la comisaría de Policía Local el propietario del inmueble donde se ubica la sala Dubai, para señalar su constancia de que se iba a producir una fiesta en la madrugada del 25 y con un número elevado de asistentes, hechos que traslada a efectos de quedar exento de cualquier tipo de responsabilidad civil y penal.
La concejala indicó que los agentes se trasladaron el día 24 al local, horas antes de la fiesta, y “se produce una incongruencia entre el arrendatario, que afirma que era para 150 personas, y el promotor del evento, que comunica que era para 950”.
González añadió que, con estos datos, “desde Urbanismo no se podía dejar sin efecto una comunicación sin que se hubiera producido el hecho, lo cual se constató en la madrugada del 25 de diciembre tras los atestados policiales, donde se indicaba que se había llevado a cabo una fiesta multitudinaria sin título habilitante en la sala Dubai”.
Tras el acta policial, el día 26 se emite una orden que deja sin efecto la comunicación previa de licencia por parte del arrendatario, al que se le dan 15 días para presentar la documentación. El día 27 se expide un oficio de disciplina por los incumplimientos producidos en la fiesta y en el local, al carecer de medidas de seguridad, y el día 28 se eleva la sanción de 30.000 euros, que sigue su curso, así como el cierre del local. En este sentido, González dijo que si se tramita la documentación en el plazo fijado y el local cumple con la normativa, “podría volver a abrir sus puertas”.
Por su parte, el socialista Florentino Guzmán denunció que el Ayuntamiento no actuara antes, “a pesar de que tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir por parte de la Policía Local, permitiendo que se triplicara por 10 el aforo de la sala. Podían haber actuado y no lo hicieron”.
Al respecto, la edil de Urbanismo reiteró que “ni los técnicos ni la Policía pueden intervenir ni cesar una actividad hasta detectar los incumplimientos. Así fue como actuamos, una vez se comprobaron los hechos. La Policía desalojó el local y suspendió la fiesta y, desde Urbanismo, se cesó la actividad en este inmueble y se inició el expediente sancionador”. Mientras, el grupo Vox, que sumó su también petición de comparecencia sobre este asunto a la planteada por el PSOE, reclamó asimismo “más control para que no se repitan estas situaciones”, indicó Luis de los Reyes, quien recordó que “lo que ocurrió esa noche pudo haber acabado en tragedia”.
Patinetes
En otro orden, la comisión del Ayuntamiento abordó el tema de los patinetes de alquiler, a raíz de una comparecencia solicitada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien denunció que la empresa Linux, encargada de esta gestión hasta declararse en quiebra, “ha dejado en las calles más de 800 vehículos y, además, se ha ahorrado el pago de 20.000 euros al año porque no se le exigió el abono de la tasa por utilización del dominio público”.
La edil de Movilidad, Evelyn Alonso, matizó que “no se podía cobrar porque no estaba regulado, como ahora sucederá” y recordó que en breve se concederán dos nuevas licencias para gestionar el alquiler “con requisitos”. Mientras se localiza a un representante de Linux que haga frente a los costes, apuntó que los patinetes retirados por la Policía se están depositando junto al Palmetum.
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