El pleno de La Laguna aprobó ayer por amplia mayoría, con el apoyo de todos los partidos y solo la abstención del PP, que el futuro Plan General de Ordenación (PGO) del municipio “establezca limitaciones al alquiler vacacional”. Un pleno que arrancó con un minuto de silencio por el fallecimiento del poeta y escultor Fernando García Ramos.
En concreto, a partir de una moción de Drago Verdes Canarias, con enmienda del Gobierno local (PSOE-CC) y Unidas se puede, se acordó que, una vez se tengan los resultados del estudio encargado a la ULL para analizar la vivienda vacacional y residencial, teniendo en cuenta también otros ya existentes sobre los efectos del alquiler vacacional en Canarias, así como los impactos que pueda tener en el municipio, “se estudien las medidas que por parte de la Administración local se puedan implementar para controlar, regular y limitar el alquiler vacacional, en el ámbito de sus competencias”.
Además, se insta al Gobierno local a que, “en el ámbito de las competencias municipales, en la futura elaboración del Plan General de Ordenación, establezca limitaciones al fenómeno del alquiler vacacional dentro de las competencias urbanísticas”, en aquellas áreas del municipio “donde sea pertinente”.
También se insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo al “control de las viviendas vacacionales que estén fuera de regulación, a fin de controlar el afloramiento de las mismas de forma descontrolada y dentro de espacios y/o zonas residenciales”, así como “contemplar las circunstancias especiales de zonas como la comarca nordeste” y establecer “cauces de diálogo entre administraciones para asegurar que las necesidades de regulación y limitación del alquiler vacacional quedan plasmadas en la elaboración legislativa que está impulsando el Gobierno de Canarias”.
El portavoz de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, argumentó que, según datos del Eurostat de noviembre de 2022 a febrero de 2023, “Canarias se sitúa a la cabeza de todo el continente europeo con respecto a las pernoctaciones por habitante” en alquiler vacacional.
El problema de la vivienda fue uno de los temas principales en el debate de ayer. Así, el pleno aprobó, de nuevo con la abstención del PP, otra moción propuesta por Unidas se puede, y con enmienda del Gobierno local, con medidas para ampliar el parque municipal de viviendas y la paralización de “los procesos de desahucio de las familias vulnerables de La Laguna”.
De esta forma, se continúa instando a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la “paralización de los desahucios previstos” en el municipio, y a Visocan, tras los estudios pertinentes de Bienestar Social, “a renovar los acuerdos necesarios para sostener en el tiempo las viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, manteniendo los acuerdos relativos a promociones como las 119 viviendas o explorar otras fórmulas que den la mejor solución”.
También se pide a la Sareb y Visocan que destinen las viviendas que tienen en La Laguna al programa municipal, y se acuerda seguir priorizando la compra y rehabilitación de casas, así como continuar con el impulso de la ampliación del parque público.
En cuanto a los precios de los alquileres, se vuelve a hacer referencia al estudio encargado a la ULL para que, una vez se tengan los resultados, “se estudie la aplicación de medidas fijadas en la legalidad vigente para reducir el precio del alquiler de las viviendas y limitar el efecto del alquiler vacacional”.
Por otra parte, el pleno también aprobó, como institucionales, una moción de Drago para instar a Titsa a recuperar la línea 610 del circuito universitario, y tres del PP para mejoras en puntos del municipio, entre otras.
Un pleno con muchos acuerdos, pero también algunos choques, especialmente en las mociones presentadas por el PP y Drago, que no salieron adelante, para solicitar un cambio del horario de las sesiones plenarias y que volviesen a ser de tarde o a partir de media mañana, para, según argumentaron junto con Unidas se puede, favorecer más la participación. La Asociación de Vecinos del Casco también intervino en el pleno apoyando este cambio, y aprovecharon para reivindicar una vez más un nuevo Plan Especial de Protección.
A juicio del grupo de Gobierno, el horario acordado el pasado julio, empezando a las 10.00 horas y prologándose a la tarde, da a los vecinos más opciones de participación. A lo que hay que sumar que se ha habilitado la posibilidad de intervenir de forma telemática.
Agua
Por otra parte, Unidas se puede solicitó una comparecencia sobre la subida de la tarifa del agua anunciada por Teidagua y para pedir que se revirtiera. El concejal Ángel Chinea, responsable del área de Aguas, enfatizó que “no hay nada que revertir, pues nada hay aprobado”, ya que aún faltan “los informes de Hacienda, Asesoría Jurídica e Intervención, que pueden o no coincidir con los datos y tarifas informadas por Teidagua”.
De establecerse una propuesta tarifaria, se llevaría al pleno para su aprobación y aún quedaría que pasara por la Comisión de Precios del Gobierno canario para “su estudio y fijación final de la cuantía”.
El edil explicó que la solicitud de “ajuste tarifario” por parte de Teidagua la argumentan en que “se vería abocada a tener pérdidas”, dada “la actual situación de sobrecostes”, poniendo “en riesgo la garantía de un servicio tan esencial”.
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