Un total de 21.514 unidades familiares de Santa Cruz de Tenerife, integradas por 45.612 personas, acuden a los Servicios Sociales municipales para solicitar ayudas económicas destinadas a sufragar los gastos por alquiler, agua, luz o alimentos.
Situaciones de precariedad que se han incrementado en un 3% respecto al pasado año y que se traducen en el crecimiento del porcentaje de población vulnerable en la capital chicharrera, según afirmó ayer la concejala responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento capitalino, Charín González.
Por este motivo, la edil aseveró que el Consistorio aumentará a 11 millones de euros la partida presupuestaria para 2024 destinada a la concesión de prestaciones económicas de asistencia social (PEAS), un millón y medio más que en el pasado ejercicio, con el fin de paliar el elevado índice de exclusión social que sufren muchas familias en el municipio y compensar el ingreso mínimo vital que, un año después de su creación, solo llega a un 14,9% de la población en pobreza severa. En este sentido, explicó que “la partida destinada a PEAS supondrá casi el 40% del presupuesto del área de Acción Social para 2024, el cual se sitúa en un total de 29,7 millones de euros, tres millones más que en 2023, con el objetivo de atender la necesidad económica y vulnerabilidad social de los usuarios de Servicios Sociales”.
Ayudas básicas que el pasado año se situaron en 93.252 concesiones, respecto a las 11.484 del año 2011, lo que se traduce en que “cada año se están concediendo en torno a 10.000 prestaciones económicas más”, incidió González, “encaminadas a que las familias cubran necesidades vitales que van desde ayudas al alquiler de hasta 3.000 euros anuales o cheques de alimentos por valor de 140 euros por persona”.
A juicio de la edil, “el aumento de las prestaciones más básicas demuestra el crecimiento de la necesidad económica y la vulnerabilidad social de la población usuaria de los Servicios Sociales. Indicadores que se han venido a agravar con el aumento de los costes de la energía y el alza de los precios en productos básicos”.
La responsable del IMAS destacó que “mientras se reduce el porcentaje de personas que no tienen problemas, crece el de quienes sí lo tienen en cuanto a vivienda, empleo, consumo y la salud, motivado por barreras económicas a los cuidados sanitarios, gastos excesivos de alquileres, pobreza e inestabilidad laboral grave, que son las situaciones más frecuentes que afectan a un 15% de la población del municipio y que incrementan la exclusión social en hogares pobres o sin ingresos; hogares encabezados por alguien que busca empleo, o por alguien de nacionalidad extranjera”.
Por ello, uno de los retos del área se centrará en impulsar un nuevo plan estratégico para los próximos ocho años. “La idea es crear una unidad exclusiva de gestión de ayudas económicas en las Unidades de Trabajo Social (UTS). Un cambio de modelo enfocado a su reconversión en centros de atención social, donde se libere carga a los trabajadores sociales para que puedan dedicarse más a la intervención con familias y usuarios vulnerables, mientras que personal específico pueda encargarse de otros trámites vinculados a dicha atención”, concluyó.
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