Ana Teresa Ortega, Premio Nacional de Fotografía en 2020, exhibe en TEA Tenerife Espacio de las Artes en el marco de Fotonoviembre, la serie Con adivinaciones del amor, construía tu rostro. Arquitecturas cómplices 1939-1999. Con este trabajo, que forma parte de la sección Artistas en Selección y puede verse hasta el 10 de marzo, la artista quiere contribuir a la visibilización de los espacios donde tuvo lugar una posible trama de desapariciones infantiles, que se dio en dos fases: la primera desde los años 40 a los 60, fruto de la represión política del franquismo, y la segunda, desde los 60 a los 90, en la que el móvil fue económico y también político.
La creadora detalla sobre la primera fase, que tuvo lugar desde 1939 a los 60. “La creación de El Gabinete de Investigaciones Psicológicas por Antonio Vallejo Nájera le permitió probar, bajo apariencia científica, la inferioridad mental del disidente y su tendencia a la criminalidad. Sus investigaciones fueron llevadas a cabo con presos de las Brigadas Internacionales y con mujeres encarceladas en Málaga, y tuvo como consecuencia la segregación de los hijos de sus madres para reeducarlos en el nacionalcatolicismo, hijos que nunca fueron devueltos a sus familias de origen, iniciándose así un capítulo de deportaciones y separaciones de niños de una gran magnitud”.
“Estos graves acontecimientos -subraya-, considerados como desapariciones legales, todavía no han sido investigados. Se calcula que, hasta 1954, la cifra es de unos 30.960 niños desaparecidos, según consta en el auto del juez Garzón”.
En la segunda etapa, la que abarca desde los 60 a los 90, “el móvil fue económico, pero también político, porque médicos, monjas, curas, abogados y notarios actuaron sabiéndose impunes desde sus cargos de responsabilidad”. Muchos de los implicados, recuerda la fotógrafa, “estaban vinculados con la primera etapa del robo de bebés, dando de esta manera continuidad a la misma. Las apropiaciones se hacían en el momento del parto y los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época. Hoy se habla de más de 300.000 personas afectadas. La trama de clínicas y hospitales se extendía por todo el país: Vizcaya, Guipúzcoa, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Sevilla, Cádiz, Tenerife, etc. Las víctimas nos han ido dejando sus testimonios y denuncias”.
“La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, y debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico. Este deber está aún pendiente de ser resuelto”, sentencia Ana Teresa Ortega.
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