El anuncio de la caducidad de la concesión otorgada al Hotel Oliva Beach en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) por parte del Ministerio de Transición Ecológica conllevará la demolición del edificio.
El resort Riu Hotel Oliva Beach está situado en la costa norte de Fuerteventura, cerca del Parque Natural de Corralejo, y dispone de 814 habitaciones. Ofrece una amplia gama de entretenimiento, incluyendo espectáculos nocturnos, música en vivo y una discoteca. Además, cuenta con cuatro restaurantes que ofrecen cocina internacional, canaria y asiática, así como cinco bares para disfrutar de diversas opciones gastronómicas.
La decisión, rubricada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se fundamenta en el informe favorable emitido por el Consejo de Estado. Esta entidad respaldó la medida después de encontrar irregularidades atribuidas a la cadena hotelera RIU, encargada de la administración del complejo.
La concesión, que fue otorgada en 2003 y modificada en 2007 y 2016, ha sido revocada debido a múltiples violaciones de las condiciones establecidas. Una de las violaciones más destacadas es la venta de apartamentos por parte de la empresa concesionaria, incumpliendo el requisito de ser la única propietaria de los inmuebles.
La demolición del hotel ha sido celebrada por grupos ecologistas como Turcón-Ecologistas en Acción, según informó en un artículo el medio La Provincia, sin embargo, ha surgido preocupación por el impacto que esto pueda tener en los trabajadores y sus familias. La cadena hotelera RIU tiene planeado apelar la decisión ante la Audiencia Nacional, lo que podría prolongar el conflicto legal.
En cambio, la gestión del conflicto por parte del Gobierno central ha sido criticada por autoridades locales como la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. Se ha señalado al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su presunta inacción en la defensa de los intereses de las Islas.
Durante mucho tiempo, el conflicto entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias en relación a la gestión del litoral ha sido una fuente constante de tensión. Mientras que el Gobierno central reclama su exclusiva competencia en este ámbito, el Gobierno de Canarias defiende su autonomía en la ordenación y gestión del territorio.
Las organizaciones ecologistas están preocupadas por el deterioro ambiental causado por infraestructuras turísticas en áreas protegidas.
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