tenerife

Clavijo califica de “chapuza” la adjudicación del cierre del anillo insular

El presidente canario confía en que no se paralice la obra después de que el TSJC anulara la concesión del proyecto a la UTE de FCC por más de 240 millones de euros

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó ayer la “chapuza” del anterior Ejecutivo al cambiar “todo” en la adjudicación de la obra del cierre del anillo insular entre El Tanque y Santiago del Teide, pero confía en que no se paralice la obra.
Clavijo se refirió así a la sentencia del TSJC que da la razón a la UTE impulsada por OHL y anula la adjudicación a la UTE de FCC, que obtuvo el encargo de los trabajos por 240,5 millones -ahora se ha actualizado a más de 263 millones-, tras presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.
El presidente comentó que el TSJC reconoce que el Ejecutivo anterior actuó “de manera inadecuada” y apuntó que la consejería de Obras Públicas está analizando la sentencia para evaluar qué “consecuencias” tiene y tomar decisiones. No ocultó que cabe la opción de indemnizar a los primeros adjudicatarios porque “ganó en justicia” el concurso y entiende que el fallo judicial “es un problema” porque Canarias “pierde de una forma u otra”. Clavijo cree que “no tiene sentido” que se paralice la obra porque “sería un daño” para el interés general pero, en todo caso, deben ser los servicios jurídicos de la Comunidad los que marquen el paso del Ejecutivo, según aclaró.
La obra fue adjudicada el 4 de junio de 2019 por el Gobierno de Canarias en funciones que presidía Fernando Clavijo y la UTE de FCC recurrió ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, que le otorgó la razón, por lo que el consejero de Obras Públicas de la pasada Legislatura, Sebastián Franquis (PSOE), dio luz verde al cambio.
Ahora, el TSJC entiende que la oferta inicial no fue temeraria, pese a ofrecer 152 millones menos que el presupuesto base de licitación, ni vulneraba la normativa laboral, pues solo ha detectado un déficit de 13.200 euros respecto a los costes de encargados de estructuras.

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