Cáritas Diocesana de Canarias alertó ayer de que la pobreza cronificada entre las personas más vulnerables se intensificó el año pasado en el Archipiélago. Según sus datos, en 2023 atendió a 29.100 personas solo en la provincia de Las Palmas, un 17,5% más que en 2019, antes de que la pandemia disparase el número de beneficiarios por los efectos socioeconómicos.
La memoria de 2023 de la entidad señala que los indicadores económicos positivos y las políticas de protección social “no están amortiguando la difícil situación de las personas atendidas”, por lo que se constata que “la pobreza y exclusión social se intensificaron durante 2023 entre las familias, a pesar del optimismo económico de los diferentes actores sociales”.
Según Cáritas, esa cronificación afecta, sobre todo, a las personas más vulnerables que aún no han podido superar las consecuencias del covid y las continuas crisis previas, “agravándose su situación en 2023, con el aumento de los precios” de los alimentos y de la vivienda.
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, señaló que, durante 2023, atendieron a 9.476 hogares y 29.100 personas. Según aclaró, si en años anteriores ayudaban a una familia con “una situación concreta o problema específico” de alimentación, pago de recibos o desempleo, ahora se aborda “la misma situación intensificada y con mayor complejidad”.
Por su parte, el director de Cáritas Diocesana, Gonzalo Marrero, señaló que las intervenciones aumentaron un 20%. “Ante esta nueva fotografía de la pobreza en las Islas, también hemos entendido que es necesario proteger a las familias y a las personas que acuden a Cáritas para evitar que lleguen a una extrema vulneración, en la que las consecuencias son más difíciles de revertir”, explicó.
Según detalló, cuando una familia pierde su casa, “los riesgos de entrar en una espiral mayor son del 100 por 100”, advirtiendo de que la recuperación económica, así como las políticas impulsadas por las administraciones para paliar los efectos de las crisis “no son suficientes para revertir” la situación de las personas más pobres.
La vivienda es el principal derecho vulnerado y condicionante de exclusión social. Habilitar las 200.000 viviendas vacías que hay ayudaría a salir del “búnker de la pobreza” agravada a miles de familias, muchas con menores a cargo, que, según Cáritas, han caído “en un pozo de exclusión del que es muy difícil salir, en parte por la inacción de la administración”.
La secretaria general de Cáritas, Caya Suárez, se refirió a algunas de las situaciones a las que se enfrentan los hogares que acompañan, tales como las dificultades de las familias para llevar una alimentación adecuada, el acceso al empadronamiento, enfermedades incapacitantes no reconocidas o los problemas para la conciliación por el cuidado de menores y de dependientes. Además, destacan las dificultadas de personas con problemas de salud mental, carencias cognitivas, baja cualificación, hacinamiento, ingresos insuficientes, trabas para la homologación de títulos, para la regularización administrativa de la población migrante, conflictividad, desestructuración familiar, y soledad de personas mayores, entre otras.
Asimismo, se consolida el “trabajador/a pobre”, cabezas de familia que “no pueden cubrir todos” los gastos básicos: alimentación, recursos energéticos o el sostenimiento del hogar.
Las ayudas “son lentas, ineficaces y no llegan a los más desfavorecidos”
El obispo José Mazuelos recalcó ayer que “hay familias a las que ni siquiera tener un empleo les garantiza cubrir los gastos básicos en alimentación” y que “viven en riesgo de exclusión residencial por el considerable aumento de las hipotecas y los alquileres”.
Añadió que, “a pesar de la mejora de las prestaciones sociales y el optimismo económico”, para los atendidos “la realidad no ha cambiado, sino todo lo contrarioç: la pobreza se ha intensificado, es más severa, más cruda, deja una huella más profunda” en las familias”.
Ante la situación de incertidumbre e inestabilidad social, las personas atendidas por Cáritas “tienen más dificultades para superar la exclusión social”, afirmó. Además indicó que las ayudas sociales y económicas “son lentas, ineficaces y no llegan a los colectivos más desfavorecidos”, de ahí que surgen perfiles “más agravados, como el de los trabajadoras pobres, con alguna diversidad funcional o que sufren un mayor deterioro, no solo en sus economías, sino también en su salud mental, mayor aislamiento y soledad”, sobre todo en el colectivo de mayores.
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