El Ayuntamiento de Güímar ha procedido al vallado -uno más- del camino de Las Bajas, impidiendo con ello el acceso de la veintena de vecinos a sus viviendas, sujetas a un desalojo decretado hace tres años para realizar unas obras de emergencia que iban a durar cuatro meses y que llevan paradas desde septiembre de 2021.
Esas obras de emergencia ante un supuesto riesgo de desprendimientos, decretadas en marzo de 2021 por el entonces alcalde, Airam Puerta, se presupuestaron en 342.000 euros y se fijaron cuatro meses de ejecución. Sin embargo, poco tiempo después de comenzar los trabajos, cuando se había ejecutado el 75% del proyecto, según el propio Puerta, las actuaciones se paralizaron porque la secretaria municipal denunció un sobrecoste de casi un millón de euros, por lo que la obra se judicializó.
Antes del comienzo de los trabajos, los vecinos que tenían allí su única vivienda fueron reubicados en pisos de alquiler -hasta siete familias-, pero, meses después, la empresa constructora dejó de pagar esos alquileres, como se había comprometido con el consistorio, y los inquilinos fueron desahuciados, dándose el segundo desalojo en menos de un año.
Ante la falta de respuesta del consistorio, algunos vecinos, como Ana y Honorio, se saltaron el precinto y regresaron a sus casas hasta que, hace unos días, tras un temporal de mar de fondo, la corporación decidió abrirle expedientes por saltarse el desalojo y contratar una pala para retirar los callaos, sin permiso municipal ni de Costas.
Desde el consistorio, se advirtió de la ilegalidad de acceder a las viviendas, procediendo a un nuevo vallado, no ya para cerrar el camino, sino para impedir el acceso a las viviendas, con un coste de 34.000 euros, a la vez que anunciaba ayudas de 6.600 euros anuales para alquiler para aquellos que estén desalojados y no tengan recursos para costearse una casa.
Ante esto, una nueva vecina de Las Bajas, Carina, exconcejala del PP en Candelaria hasta que su defensa de Cho Vito la enfrentó con la cúpula de los populares tinerfeños, sostiene que “el Ayuntamiento de Güímar solo tiene afán de recaudar dinero con sanciones, tratando de lavarse las manos con esas ayudas al alquiler que no le llegan a sus vecinos o lo han hecho fuera de plazo”. Además, insiste en la falta de defensa municipal ante los expedientes abiertos por Costas, sufriendo solo “amenazas e insultos”, además de recordar que “se nos ha negado cualquier información de las obras que están realizando con el vallado y demás, sin que se conozca el expediente”.
Asimismo, hay vecinas de esta zona que tienen embargos de hasta 25.000 euros por impago de alquileres, que supuestamente estaban comprometidos por el ayuntamiento a través de la empresa constructora.
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