Condenan por séptima vez al Ayuntamiento Santa Cruz por el ascenso de policías locales sin selección previa

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a condenar, y ya van siete veces, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por autorizar a dos oficiales de la Policía Local a desempeñar funciones de superior categoría en el grupo Unipol, una unidad que, aunque en la práctica ya no está operativa, sigue recogida dentro de la RPT municipal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado, con fecha de 31 de mayo de 2024, el recurso interpuesto por los servicios jurídicos del consistorio chicharrero contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 31 de julio de 2023, por la que se estimó que ambos agentes no podían ejercer hasta que se resuelva el procedimiento de provisión mediante comisión de servicios (notificado el 17-2-2021).

El TSJC subraya que la “sentencia de instancia anuló el decreto recurrido con un argumento difícilmente cuestionable” y recuerda que “la cobertura de los puestos de trabajo del Ayuntamiento debe efectuarse mediante la convocatoria del preceptivo concurso de traslados, bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad. No se ha acreditado la concurrencia de razones urgentes e inaplazables que impidieran acudir a este sistema de cobertura y, en cualquier caso, ni siquiera en los supuestos de urgencia puede soslayarse a acudir a otros mecanismos de provisión como la comisión de servicios o la adscripción temporal que, igualmente, deben respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad”.

El auto añade que “la omisión de los procedimientos legales de cobertura de puestos de trabajo incurre en nulidad de plano derecho del artículo 47 de la Ley 39/2015” y matiza que “el recurso se basaba en el incorrecto proceder del ayuntamiento”, a quien condena al pago de las costas.

El sindicato CSIF denunció al Ayuntamiento en 2021 por el nombramiento discrecional de agentes de la Unipol sin llevar a cabo ningún proceso selectivo. Una batalla judicial, que ya contaba con seis sentencias en contra, que ahora suma una más a favor de los demandantes, que acusan al consistorio de “usar la dedocracia”.