El Grupo de Investigación en Violencia Sexual de la Universidad de La Laguna ha participado en la redacción de un informe para las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas en contexto de prostitución, en el que se recomienda promulgar una ley abolicionista integral del sistema prostitucional.
En sus 45 páginas, el texto analiza varios aspectos relacionadas con esta cuestión, según ha explicado en la página de la Universidad de La Laguna el grupo Viosex, que coordina la profesora del Departamento de Sociología y Antropología Esther Torrado.
El informe ha sido elaborado por representantes de varias organizaciones españolas para dar respuesta a una quincena de preguntas que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, propuso a diversos foros internacionales expertos en la materia.
El objetivo es elaborar el documento que presentará la Relatora ante el Consejo de Derechos Humanos del órgano supranacional en su 56° período de sesiones este mes.
Las entidades autoras del texto señalan que su elaboración ha permitido aportar datos, argumentos y propuestas que sostienen que el modelo de igualdad o modelo nórdico abolicionista ha demostrado ser la mejor vía de reducción del daño y de salida a las mujeres prostituidas para avanzar hacia una sociedad igualitaria.
Otras medidas propuestas por el informe pasarían por un endurecimiento del Código Penal para perseguir y prohibir el proxenetismo en España, para que deje de manifestarse con la impunidad con la cual lo hace en la actualidad.
La regulación de la pornografía y la restricción de su acceso a los menores son otras propuestas de este documento, para lo cual se proponen acciones como crear un certificado digital similar al ya existente en Francia; asociar los dispositivos a un DNI para impedir el acceso a páginas pornográficas a menores y desde administraciones públicas y empresas; incluir como delito la producción, distribución y consumo de pornografía extrema, tal y como ya hace Reino Unido; y castigar como delito de proxenetismo la producción de pornografía en España, entre otras medidas.
El informe también propone la implantación de la educación afectivo sexual en los centros de enseñanza para fomentar el rechazo hacia la pornografía y la violencia contra las mujeres, y acciones de sensibilización social sobre este problema, pues un factor preocupante detectado durante esta investigación es que la prostitución no está siendo percibida como una forma de violencia sexual.
Igualmente, este documento aboga por mejorar los mecanismos de protección para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo, como pueden ser menores en centros; realizar embargos preventivos durante la investigación penal para garantizar el cobro de la indemnización económica por parte de la víctima y también crear un fondo igual al existente en el delito de tráfico de drogas, obtenido de las incautaciones a los tratantes, que permita por un lado compensar a las víctimas y, por otro, financiar programas de atención e integración.
Esas son algunas de las principales medidas propuestas al final del documento, que surgen como resultado del análisis desplegado previamente, que aborda cuestiones como las formas ocultas de prostitución, la demanda encubierta en aplicaciones de citas, el perfil tanto de las víctimas como el de los consumidores; la demostrada relación entre pornografía y prostitución y la eficacia (o no) de la legislación existente.
Así, el documento detalla que, según diversos estudios, en España hay entre 100.000 y 120.000 mujeres prostituidas, mayoritariamente migrantes y muchas de ellas en situación administrativa irregular.
Actualmente, según los datos policiales, las nacionalidades más numerosas son colombianas, españolas, rumanas, brasileñas, dominicanas y paraguayas.
En cuanto a la demanda, existen diferentes trabajos acerca de su volumen que cifran entre un 20% y un 39% el porcentaje de hombres que han pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales; el valor más alto es el aportado por Naciones Unidas, que sitúa a España, con ese 39%, como el país más consumidor de Europa y, de hecho, lo considera un “valor atípico” en dicho continente.
El informe también aporta datos acerca de la naturaleza “multitraumática” de la violencia que sufren las víctimas de esta actividad y la actividad realizada en la calle es la que se asocia con una peor calidad de vida y una tasa de mortalidad significativamente superior a la población general.
Además, se trata de un colectivo sometido a secuestros y torturas en casos extremos, y con una alta proporción de adicciones, muchas veces inducida como mecanismo de control por parte de los proxenetas, y también derivada de los problemas de salud mental (ansiolíticos y antidepresivos).
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