Exigen un plan para acabar con la “proliferación” de ratas en La Orotava

El grupo del Partido Popular (PP) solicitó ayer, en el pleno, que el Ayuntamiento de La Orotava elabore un plan de desratización, desinfección y desinsectación para luchar contra la “proliferación” de ratas y ratones en diferentes puntos del municipio. Su portavoz, Ildefonso González Suárez, explicó que su propuesta era resultado de la quejas trasladadas por vecinos y vecinas de diferentes barrios debido al “aumento” de estas plagas, “que están documentadas en vídeos y han sido comentadas en numerosas ocasiones por los ciudadanos en las redes sociales”, declaró el portavoz conservador.

El edil advirtió también de que la presencia de estos roedores supone un “grave problema para la salud pública cuando proliferan sin control” ya que, además, “llevan aparejadas enfermedades que, a su vez, pueden transmitirse a los seres humanos”.

Según el portavoz, hay factores que favorecen la superpoblación de ratas y ratones, como la suciedad y condiciones insalubres (como el tratamiento inadecuado en la recogida de basuras o el deterioro de las redes de saneamiento); la maleza; las instalaciones deterioradas y la condiciones climáticas. En ese sentido, sostuvo que la Villa no cuenta con una buena política de prevención y control de plagas y, por tanto, cree que “es necesario reforzar este servicio”.

El resto de la oposición, Partido Socialista (PSOE) y Asamblea por La Orotava, apoyó la iniciativa “porque la situación es preocupante”, pero no ocurrió lo mismo con el grupo de gobierno (CC). Su portavoz, Felipe David Benítez, entiende que la propuesta llega tarde porque “el consistorio no solo tiene un plan, sino algo mejor, que es un servicio permanente los 365 días del año y está a la cabeza de otros ayuntamientos”.

Para sustentar su afirmación, leyó un párrafo del contrato que dice que la empresa, además de inspeccionar el lugar e identificar la plaga, hará el seguimiento de las poblaciones, aplicará los controles necesarios y evaluará el nivel de éxito de las medidas y su posterior seguimiento.

“Esto es lo que está en marcha hace muchos años”, dijo. “Otra cuestión -añadió- es que la empresa que gestionaba el servicio tuvo una serie de dificultades y deficiencias en su prestación y, por eso, el ayuntamiento decidió no continuar con el contrato, volvió a adjudicarlo y entrará en vigor el 1 de julio por importe de 47.000 euros.