Dos años después de que el Gobierno pactara con las comunidades autónomas repartir de manera solidaria y voluntaria a 400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta, aún no se han completado los traslados de aquel acuerdo y mucho menos los otros 374 acordados para 2023.
En una Conferencia Sectorial celebrada este martes las comunidades decidieron aplazar para la próxima reunión un nuevo traslado, de otros 400 niños y jóvenes, propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia en el mismo marco.
Buena parte de las autonomías se plantaron tras conocer, una hora antes de la reunión, el anuncio de otro Ministerio, el de Política Territorial, de que el Gobierno había alcanzado un “principio de acuerdo” con Canarias para abordar la reforma legislativa en la que llevan trabajando meses para, precisamente, obligar a los territorios a repartir a los jóvenes desde zonas con los recursos asistenciales desbordados, como Canarias y Ceuta.
En un mensaje de vídeo, el ministro Ángel Víctor Torres, celebró haber alcanzado este logro después de semanas de “intenso y diario trabajo”, aunque no explicó en qué consistía el acuerdo alcanzado. Horas después, tras la Sectorial, tanto la consejera canaria Candelaria Delgado como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, negaron que hubiera ningún acuerdo cerrado.
Fuentes del Ministerio de Política Territorial han aclarado este miércoles a EFE que el acuerdo está “prácticamente cerrado” con el Gobierno de Canarias a falta de solventar el detalle de la forma de tramitación que tendrá la reforma, ya que el Ejecutivo central aboga por que sea una proposición de ley y Canarias, un decreto ley.
En cualquier caso, el reto de ahora será conseguir el apoyo del PP para sacarla adelante, ya que Coalición Canaria se ha labrado el compromiso de su socio de coalición a nivel autonómico pero está por ver si la dirección nacional del PP da el visto bueno a la propuesta, han señalado las mismas fuentes.
En los últimos meses, el Gobierno ha ido informando de que la fórmula que se trabajaba era la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de los menores migrantes al resto de comunidades con los criterios acordados junto a las autonomías en Conferencia Sectorial en 2022.
Tal propuesta se ha gestado en una negociación entre el Gobierno de Canarias y este Ministerio y busca dar respuesta a un acuerdo alcanzado entre PSOE y Coalición Canaria para investir a Pedro Sánchez ante la saturación de los recursos del archipiélago y las carencias del actual sistema, basado en la solidaridad y voluntariedad.
El Ministerio de Juventud e Infancia no aporta datos concretos acerca del número de derivaciones prometidas que se han llevado a cabo realmente, pero fuentes ministeriales han señalado que el traslado acordado para 2022, de 400 jóvenes, se encuentra “avanzado” pero no completado, y reconocen que, de los 374 acordados para 2023, también quedan jóvenes por derivar.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, señaló el lunes el “fracaso” del actual sistema, al recordar que, de 349 menores que tenían que haber salido de las islas en 2023, solo se han trasladado a 16.
Una reforma legislativa que obligue a las comunidades a acoger a los menores sería una solución para Canarias, pero la forma que ha tenido el Gobierno de negociarla hasta ahora -solo con esta comunidad autónoma- no ha sentado bien al resto de territorios, sobre todo los gobernados por el PP, y ha provocado que se atasque también el reparto solidario que se estaba pactando hasta ahora.
Así lo explicó este martes en declaraciones a los medios la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quién aseguró que acudían a la reunión dispuestos a aprobar su parte del reparto, pero decidieron aplazarlo al enterarse del acuerdo del Gobierno con Canarias y para revisar los criterios de reparto.
Otras comunidades como Andalucía, La Rioja, Murcia, Extremadura y Cantabria también han criticado la falta de transparencia en lo que consideran una negociación bilateral con Canarias y pedido más información antes de continuar con nuevos repartos.
Este miércoles, el presidente canario, Fernando Clavijo, al ser preguntado por si teme que las comunidades del PP paralicen el principio de acuerdo alcanzado ayer, ha señalado que, hasta ahora, este partido “ha dado todas las muestras de ser consciente del problema” y en las islas “desde el minuto cero” ha formado parte de dicho compromiso.
Todo ello a pesar de que el líder del PP canario, Manuel Domínguez, también este miércoles haya acusado al ministro Torres de “haberse esforzado en reventar las negociaciones” para la reforma legislativa y haya emplazado a abordar este asunto en una conferencia de presidentes autonómicos, lo que podría demorar aún más el proceso.
El problema no es nuevo y los sucesivos gobiernos han optado por soluciones coyunturales ante los picos de llegadas de migrantes a las islas.
En 2007, tras la crisis de los cayucos, el Gobierno central prometió el traslado a la península de 500 menores no acompañados, pero la respuesta de las comunidades autónomas fue muy desigual, el programa avanzó a trompicones.
Con sus instalaciones saturadas, el Gobierno de Canarias llegó a firmar acuerdos con entidades sociales y trasladó a varios grupos de menores a centros de distintas comunidades, manteniendo su tutela.
Pero siempre defendió la necesidad de una reforma legal y en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió modificar la ley del menor en este sentido, pero nunca vio la luz.
Más allá de los menores, que a su llegada quedan bajo la tutela de Canarias, el Gobierno traslada regularmente a la península a buena parte de los migrantes mayores de edad que llegan a las islas, que son atendidos en un primer momento por el programa de atención humanitaria, gestionado por las entidades sociales, en recursos como centros de acogida, pisos, hoteles o residencias repartidos por todo el territorio.
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