La dirección nacional del PP sostiene que “no va a marcar la postura” de sus barones territoriales respecto al mecanismo de reparto de menores migrantes acordado entre el Gobierno y Canarias, y apela a la “autonomía” de los ejecutivos autonómicos, que “deberán defender sus intereses”, lo que abre la puerta a que el resto de territorios españoles mantengan su insolidaridad respecto a unas Islas que afrontan en solitario este esfuerzo humanitario pese a que el Archipiélago es solo una escala en su camino hacia el continente europeo. Además, es lo que dice el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, apoyado por el PPE, que se opone a que las regiones y países frontera soporten toda la carga mediante mecanismos como la solidaridad obligatoria.
Así lo trasladaron ayer a Efe fuentes del PP, coincidiendo con el inicio de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios emprendida por el frente institucional conformado por el Gobierno de España y el de Canarias a través del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente isleño, Fernando Clavijo, para abordar la reforma de la Ley de Extranjería con el fin de establecer un reparto obligatorio para las regiones, dada la insolidaridad actual de la inmensa mayoría de las comunidades.
Resulta paradigmático el caso de Castilla y León, desde donde los portavoces en esta materia del Gobierno de PP y Vox han defendido la acogida pese a criticar al Gobierno de España por falta de información sobre la llegada, mientras que la parte del Ejecutivo que depende de Vox se muestra crítica con la acogida, hasta el punto de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), pidió que los menores fueran acogidos en su casa por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El PP sostiene que la crisis migratoria debe ser resuelta por el Gobierno “con todas las comunidades” y en una conferencia sectorial. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, dijo ayer en la Cámara Baja que “es lamentable que el Gobierno pretenda enfrentar a unas comunidades con otras y sacarlas del debate”, y exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez “poner medios materiales y humanos para atender la crisis migratoria”.
El PP es el socio que sustenta a CC al frente del Gobierno canario, pero, a su vez, necesita a Vox -cuya oposición al pacto de Clavijo y Torres es manifiesto- para gobernar otras cinco regiones: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. De resto, otros grupos parlamentarios sí muestran una postura, a priori, favorable a la reforma. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, recuerda que todo acuerdo debe “llevar de la mano la financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar ese servicio” de acogida.
Desde Podemos, el diputado Javier Sánchez defendió que “España tiene que acoger a los menores en las mejores garantías” y que “se tienen que implicar todas las comunidades autónomas, no es solo una cosa de Canarias y de las comunidades autónomas del sur”.
El diputado de los comunes Gerardo Pisarello agregó que la acogida “no es un favor que se esté haciendo a los emigrantes”, porque “hay una gran necesidad de mano de obra”.
Y la diputada de Compromís Águeda Micó acusó al presidente valenciano, Carlos Mazón (PP), de hacer una “utilización demagógica” de esta problemática.
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