La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, afirmó ayer que la corporación ha empezado a analizar las consecuencias jurídicas de la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, mediante la que condena al Gobierno insular a incoar expediente de protección del monumento a Franco como Bien de Interés Cultural (BIC). Dávila indicó que tanto los servicios jurídicos como los de Patrimonio Histórico han comenzado un proceso de análisis del fallo, notificado ayer.
No obstante, la presidenta precisa que el gobierno insular prefiere “celebrar monumentos que conmemoren la concordia y la paz” que los que se refieren a la “historia más oscura” de España, según recoge Europa Press.
Según dicta el fallo judicial, tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, el tribunal entiende que dicho monumento “goza de valor artístico y cultural que lo hacen merecedor de dicha declaración” y da la razón al recurso interpuesto por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel contra la resolución del director de Coordinación y Apoyo al presidente del Cabildo en su momento, Pedro Martín, dictada el 9 de marzo de 2022.
El fallo fundamenta su dictamen en la prueba realizada por los peritos Luis Togores y Santiago Milans del Bosch, a instancias de la parte actora, y del perito Alfonso Ruiz Rallo, por el Cabildo, quienes destacan la importancia artística de la obra de Ávalos y el valor del monumento, que le hacen quedar exento de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La sentencia también alude a que, el 30 de abril de 2018, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel solicitó ante el Cabildo la incoación de procedimiento para la declaración BIC del Patrimonio Histórico de Canarias, con la categoría de Monumento, a la obra de Juan de Ávalos, considerando que debía protegerse “no solo por sus valores artísticos, sino por ser la única existente en Canarias de dicho autor”.
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