Los vecinos de Lomo Negro, una zona construida cerca de la localidad aronera de El Fraile y que ha crecido de forma desmedida entre 2015 y 2023, han convocado una manifestación para este sábado, a las 20:00 horas, frente al centro cultural de Los Cristianos tras recibir expedientes con sanciones “abismales”, como una “ejecución forzosa del reestablecimiento a su estado anterior”.
Los vecinos han intentado resolver esta situación por vías formales, contactando con diversas administraciones, como el área de Medio Ambiente del Gobierno autonómico, y con Luis José García, concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Arona. No obstante, las respuestas recibidas hasta ahora, según señalan, les han resultado “insatisfactorias”.
La Junta directiva de la Asociación de Vecinos de Lomo Negro sostiene, sin embargo, que “aún tenemos la esperanza de que el ayuntamiento pueda legalizar nuestra situación”.
Lomo Negro es un rompecabezas urbanístico. Un “nadie sabe cómo llegó ahí”. La urbanización ilegal levantó las sospechas de muchas administraciones y fue objeto de una acción del Seprona de la Guardia Civil y de una denuncia de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que, finalmente, terminó con la Fiscalía abriendo una investigación.
La “ciudad ilegal” se encuentra sobre suelo rústico de protección agrícola y abarca más de 150.000 metros cuadrados. Según la legislación vigente, esta zona no puede destinarse bajo ningún concepto a uso residencial, ya sea mediante estructuras fijas o removibles. Eso sí, lo cierto es que la circunscripción cuenta con viviendas de ese tipo. Esta masificación se ha acrecentado dada la venta de parcelas divisibles dentro de los 150.000 metros en conocidos portales inmobiliarios para la construcción o colocación de viviendas.
Según ha podido averiguar DIARIO DE AVISOS, Lomo Negro recibió una decena de acoples de agua antes de 2015, pese a ser suelo rústico. Por definición, este lugar no tiene la capacidad de adquirir prestación de servicios de suministros de carácter residencial, como acometidas de agua, o prestar servicios de energía, ya que estas prestaciones están únicamente permitidas en zonas urbanas o urbanizables. Para más inri, y según fuentes cercanas al caso, al menos 250 personas habrían logrado empadronarse en el Ayuntamiento de Arona con esta finca como lugar de residencia e, incluso, aseguran que “pagan la tasa del IBI y la recogida de basura al consistorio”.
“NO SE PODRÁ RECLASIFICAR”
Rafael Fariña, exdirector de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, denuncia en este periódico que “estos terrenos están condenados a no poder reclasificarse como urbanos por el ayuntamiento durante, al menos, 20 años, pues la Ley del Suelo de Canarias establece que los instrumentos de planteamiento urbanístico no podrán reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística mientras no haya transcurrido dicho plazo”.
Todo esto se suma a las declaraciones de los promotores de la parcelación, en las que admiten no solo que se han cometido ilegalidades, sino que habrá que “demoler decenas de viviendas”. Al mismo tiempo que estos conocían la ilegalidad de su obra, vendían pequeñas parcelas a razón de 39.000 euros, como puso en evidencia este periódico. El pelotazo urbanístico, presuntamente, supuso unos cuatro millones de euros de beneficios. Los vecinos de Lomo Negro están un poco más cerca del abismo y, por eso, han decidido manifestarse.
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