La presidenta de UNICEF Comité Canarias, Rosa Gloria Suárez López de Vergara alertó sobre la grave saturación en la que se encuentra el sistema de protección de menores no acompañados de Canarias, una “emergencia humanitaria que compromete los derechos de la infancia y de la adolescencia”. Por tanto, reiteró que hay que “despolitizar la inmigración” y abordar el problema con un apoyo estatal muy importante, para que las Comunidades Autónomas puedan “atender con seguridad, con fondos y con personal formado” a esos menores. Además pidió que los trasladados desde Canarias deben realizar de una forma “adecuada, rápida y ágil”.
-UNICEF pidió soluciones urgentes ante esta situación. ¿Está satisfecha con el avance?
“Nos preocupa la situación de la migración en Canarias y que el sistema de protección de la infancia esté saturado. A UNICEF le preocupa mucho los niños en movimiento, son niños migrantes no acompañados, porque son los que requieren una protección cuando llegan. La situación es grave por lo que tiene que ser valorada como una emergencia humanitaria puesto que se está poniendo en riesgo los derechos de la infancia y de la adolescencia, y por eso nos preocupa y nos ocupa. Hemos vivido picos migratorios importantes, y ahora estamos muy preocupados y deseosos de que se resuelva este problema de los traslados a la Península. Los problemas han sido diversos, durante la pandemia hubo un pico migratorio en el 2020 y nosotros hicimos un informe sobre la situación de los niños migrantes no acompañados en Canarias, y se propuso que se hiciera este modelo de gestión de contingencia humanitaria, que después se aprobó en el 2022 en la conferencia sectorial, y con la idea de un criterio de solidaridad para el traslado de los niños y niñas migrantes no acompañados a otras Comunidades Autónomas. Había un consenso y un criterio adecuado, se había hecho un reparto y, sin embargo, después de ciertos vaivenes de índole político más que humanitario bajó el ritmo e incluso se pararon los traslados. Por eso, en la reunión de la mesa sectorial en Tenerife se logró desbloquear ese grupo de 400 niños y niñas que se tenían que haber trasladado en los años 2022 y 2023 y que tanto conflicto político ha creado. Al mismo tiempo en la conferencia sectorial se presentó la propuesta del Gobierno de Canarias para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Como organización que aboga y trabaja por los derechos de la infancia, estamos a favor de que sea un traslado obligatorio, porque el sistema canario de protección que está previsto para un máximo 2.000 niños ahora atiende a 6.000, está sobresaturado y esta situación impacta en una adecuada gestión y, por lo tanto, repercute en los niños y niñas migrantes no acompañados que están en Canarias”.
-UNICEF aboga por despolitizar el drama y la emergencia humanitaria de los menores
“Sin duda, es muy triste ver cómo se ha politizado todo el problema migratorio, que no es de fácil solución. Habría que buscar un consenso no ya en el traslado, que es una parte del problema de la emergencia humanitaria que tenemos, sino para lograr una política de Estado que resuelva todo el proceso. Estamos convencidos de que esta infancia en movimiento migra de su país en una marcha dura y llena de inseguridades, que huyen o bien por la falta de seguridad donde viven, donde puede haber guerra, violencia extrema, aldeas que son arrasadas, ven morir a sus padres o familiares y salen huyendo para no ser víctimas mortales o reclutados por las mismas guerrillas como soldado, o bien de ser abusadas sexualmente en el caso de las niñas, mientras que otros huyen de la miseria extrema buscando una vida mejor. Es lógico que vengan a Europa para prosperar y mejorar. Lo que le ocurre a estos niños es un tránsito muy duro, que a veces dura meses o años, en su camino llegan a la costa y se enrolan en una embarcación que navega por un violento Atlántico y muchos de ellos mueren, no sabemos cuántos. Los supervivientes que llegan a Canarias han visto fallecer familiares, amigos y compañeros de viaje, y estos niños ni siquiera son atendidos por psicólogos para superar ese duelo y todos los factores estresantes que han sufrido, por tanto, están en vulnerabilidad de salud mental, porque el sistema de acogida canario está actualmente tan saturado que generalmente se le cubre las necesidades primarias, que son la alimentación, el alojamiento y la seguridad, pero las vulnerabilidades que tienen como seres humanos, después de haber sufrido tanto, no se les está atendiendo. Si no se realiza una evaluación individual de cada menor para determinar su tratamiento pueden tener secuelas futuras. El estrés de los peligros anteriores y del viaje dan paso al estrés de enfrentarse a una nueva realidad, cultura, costumbres, idioma y la incertidumbre por las expectativas futuras, tras meses acogido en uno de los 71 centros de emergencia, donde hace falta personal formado, mediadores culturales o intérpretes. Para mejorar su atención es necesario el cambio de normativa para que los traslados sean obligatorios, ya que la solidaridad voluntaria no ha sido la esperada, por lo tanto el Estado tiene que tomar medidas tanto en el traslado como en prestar una mejor atención”.
-¿Qué opina de centros como Hoya Fría, con una gran saturación y condiciones mejorables?.
“Por eso comentaba que el sistema está saturado y, por lo tanto, el Gobierno de Canarias está pidiendo ese cambio normativo, porque no puede atenderlos debidamente en todo su proceso, o sea, no solamente en la infraestructura que tenemos en estos centros, que hemos visto en las imágenes y realmente algunos no están preparados para dar esa atención y se generan conflictos, además de que el personal que los atiende es insuficiente y poco formado, muchas veces con buena voluntad, pero con poca experiencia para tratar situaciones difíciles. No se puede realizar correctamente ese acompañamiento personalizado a estos niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, no se atienden a esas vulnerabilidades de salud mental, que son importantes y nos preocupa enormemente porque es un problema que va a crear otros. Estamos incidiendo mucho en que se les debe atender adecuadamente, una atención en la emergencia en la llegada y posteriormente en esa supervisión de su centro por parte de la autoridad competente, fiscalía o a quien corresponda, para que haya un buen sistema de acogida y que las cosas se hagan bien. Hay situaciones que nos preocupan, que son graves y deben impedirse, por eso apoyamos los traslados a otras Comunidades de forma adecuada, rápida y ágil, pero también debe dotarse a Canarias de los fondos necesarios para elegir unas mejores infraestructuras y se dote de un personal bien formado para la atención integral y personalizada de estos niños, como si estuvieran en familia, o sea: educación, formación, la asistencia social, como si fuera un niño canario, porque sus derechos no terminan en la frontera, los llevan consigo y tienen los mismos derechos que nuestros niños”. .
-El Defensor del Pueblo alertó de que estamos fallando en su escolarización y formación para que tengan un proyecto de futuro y así integrarse
“Siempre abogamos por la idea de que hay que trabajar por el interés superior del niño, que se vayan poniendo todas las medidas necesarias para que se les atienda, por una parte en la emergencia inicial y, por otra parte, en la integración de esos niños no solamente nuestra Comunidad sino en las otras regiones dónde se tengan que trasladar. Cuando en UNICEF hablamos el interés superior del niño estamos englobando todos esos conceptos de la atención personalizada, la salud, la educación, la atención socioeconómica del menor y también el que se le atienda en su protección internacional como la solicitud de asilo o de refugiado, toda una serie de cuestiones jurídicas que van acompañando a ese niño, niña o adolescente que ha viajado solo, como validar la documentación que aportan, la prueba de edad… Hay un importante trabajo que hacer con estos menores, debemos darles las oportunidades para que se desarrollen y progresen, ofreciéndoles educación y que según sus inquietudes decidan ciclos formativos o ir a la Universidad”.
-¿Se está ejerciendo la vigilancia para observar el cumpliendo de esos derechos?
“El engranaje es difícil de coordinar adecuadamente en la medida de las posibilidades de distintas entidades. Cuando llegan a puerto el primer receptor es la Policía que le hace la reseña, acepta la documentación que trae el menor y, suponiendo que lo considere como menor de edad, se declara en desamparo y pasa a la dirección General de Infancia que es el que se hace cargo de su tutela. Mientras que si la Policía tiene dudas de su edad es la Fiscalía la que hace la determinación de la edad y la declaración de su minoría o mayoría de edad. La dirección General de Infancia delega la gestión de los centros de acogida a entidades sociales. Las condiciones y el apoyo que recibe el menor en los distintos centros es desigual, debido a que la infraestructura no es adecuada o por una escasa formación del personal que atiende a estos niños, niñas y adolescentes, a pesar de su buena voluntad. Por tanto, si hay alguna denuncia o queja por parte de los menores, el personal o de la propia entidad es la dirección de Infancia y la Fiscalía las que inician el proceso de supervisión y ponen la solución. Nos consta que el Gobierno de Canarias está tratando de evitar todas esas situaciones pero es muy difícil ante una tensión tan alta del sistema de protección con 71 centros de emergencia que se han creado rápidamente y que ya están todos saturados”.
-¿La saturación del sistema de protección canario se arreglará con los traslados?
“Creemos que mejoraría. Tanto desde el Gobierno de Canarias como desde UNICEF pedimos que, no solamente esos traslados sean eficaces y ágiles sino que también el Estado dote de los recursos necesarios tanto a Canarias como a las Comunidades Autónomas que van a recibir estos niños, niñas y adolescentes, y que se doten de recursos humanos y personal cualificado que pueda atenderlos adecuadamente, así como de infraestructuras y de financiación para el mantenimiento durante años de esta situación, que no va a acabar aquí. Sabemos que durante en verano nos llegarán más migrantes y la situación será mucho más intensa, por las calmas”.
-¿Qué le parece la asistencia jurídica que se está prestando a los niños migrantes? porque hay colapso en las pruebas de determinación de edad y se han encarcelado a menores
“Realmente nos preocupa y también achacamos esas situaciones a la presión que soporta el sistema. En el caso de la asistencia jurídica abogamos porque en esos días que transcurren tanto en el Muelle como en el CATE o en los primeros centros de acogida, antes de que sean derivados a los centros de la dirección General de Menores para que los tutele, puedan contar con personas expertas en el ámbito jurídico, mediadores culturales y traductores que puedan ayudar a que entiendan la situación y que puedan expresarse, tener apoyo a la hora de la solicitud de asilo o la condición de refugiado cuando vienen de países en guerra. Además, es importante agilizar los trámites administrativos, porque se alargan y generan ansiedad e inquietud. El problema en el caso de aquellos que alcanzan la mayoría de edad es que deben abandonar el sistema de protección y si no tienen la documentación se encuentran en situación de calle. En los casos de ingreso en prisión de menores bajo sospecha de que son patronos de la patera, se tiene que considerar que si afirma ser menor de edad no tiene por qué ser recluido en un Centro Penitenciario de adultos, se tiene que proteger esa presunción de minoría de edad”.
-¿Le preocupa que al cumplir los 18 años queden en la calle?
“Desde luego es un gran problema porque han llegado adolescentes que al cumplir 18 años, puede que no tengan resueltos todavía sus papeles y queden de forma irregular. Actualmente pocos quedan en la calle porque varias asociaciones y ONGs han puesto en marcha recursos alojativos y proyectos para ello. Sin embargo, esta situación se puede agravar en un par de años debido al gran ritmo actual de llegadas y unos recursos activos insuficientes para prestarles apoyo. El Estado tiene que dar una respuesta ágil y rápida para resolver esta cuestión, y que así puedan integrarse en el mundo laboral o seguir formándose. Como sociedad tenemos que trabajar juntos y buscar las mejores soluciones”.
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