El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), asistirá mañana al registro en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Así lo anunció ayer el Ejecutivo regional, que recuerda que esta propuesta, impulsada por la comunidad autónoma y el Gobierno de España, pretende garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las Islas en pateras y cayucos y permanecen en ellas, que son unos 6.000 niños y adolescentes en la actualidad.
La iniciativa la presentarán los portavoces de los grupos de Coalición Canaria, Cristina Valido, del Partido Socialista, Patxi López, y de Sumar, Íñigo Errejón. Al acto asistirán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Tanto Torres como Clavijo han insistido en los últimos días en lo imprescindible que resulta lograr un acuerdo, que pasa por el sí del PP, para establecer un mecanismo de acogida obligatoria que implique a todas las comunidades autónomas.
Se trata de aliviar la presión que soportan Ceuta y Canarias. El Archipiélago se halla desbordado y el Gobierno de Clavijo ha empezado a instalar carpas en puertos como el de Arrecife, en Lanzarote, ante las llegadas de embarcaciones que se prevén.
La reacción
En otro orden de asuntos, sin abandonar la crisis migratoria, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, lamenta, en una entrevista a Europa Press, que la Administración “solo” reacciona “a golpe de situaciones de desbordamiento” de dispositivos de atención a migrantes.
Asimismo, precisa que la reforma de la Ley de Extranjería es “necesaria” ante la situación que ya existe, y que requiere de un “mecanismo de solidaridad y de redistribución en el conjunto de las comunidades autónomas”. En este caso, se refiere a los 6.000 migrantes menores no acompañados que están en Canarias.
El Gobierno central y las comunidades autónomas debatieron el miércoles, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la modificación de la norma, pero sin llegar a ningún acuerdo, puesto que las autonomías del Partido Popular explicaron que no habían tenido “tiempo suficiente” de estudiar el texto. Además, expusieron que no tenían competencias y que debe votarse en el Congreso.
Pesimismo
En cuanto a este encuentro, Valiente indica que desde CEAR son “muy pesimistas” en cuanto a la reacción que han visto, tanto en los medios de comunicación como en la Conferencia Sectorial, que, en su opinión, dio “un paso atrás en la necesidad de llegar a un acuerdo amplio y generoso”. “Pero, en todo caso, vamos a seguir trabajando para que, finalmente, se pueda acoger en condiciones a las personas y a los menores, sobre todo, que vengan a nuestro territorio”, afirma.
Mauricio Valiente precisa sobre la crisis de refugiados que atender a estas personas “es un esfuerzo por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas, por parte de la sociedad”, pero agrega que es “perfectamente asumido en una sociedad solidaria y democrática” como la española.
Valiente recuerda que el año pasado, cuando se dio una situación de sobreocupación en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria), “se vio cómo era perfectamente posible un sistema que derivara al conjunto de la Península y que hiciera que a las personas se les pudiera atender”.
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