El alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), subrayó ayer a DIARIO DE AVISOS que, frente a lo dicho el miércoles por la presidenta insular, Rosa Dávila, en 2022 no debió cerrarse al baño Playa Jardín porque el informe que le traslada al consistorio Salud Pública, dependiente del Gobierno regional, no proponía ni obligaba a una decisión así debido a que las analíticas no eran iguales a las de este verano.
Frente a Dávila, que aseguró que, en interés de la salud de los bañistas, habría optado ya por ese cierre en ese año por las estudios existentes, González insiste en que el Cabildo no tiene ninguna potestad para eso, que las clausuras del baño las decide solo el área de Sanidad de la Comunidad, lo que tiene que asumir y cumplir la corporación local de turno, y que la diferencia con la situación actual se debe a la fisura en la red del emisario a unos 80 metros de la costa en Punta Brava, tal y como confirma un reciente informe de la empresa externa Wet Ingeniería Hidráulica y Marítima, contratada por el ayuntamiento.
Además, el alcalde desvela que ese informe de 2022, al que ha tenido acceso este periódico, llegó al entonces edil de Playas desde 2019, Tito Cabo (ACP), que ahora ha firmado una censura contra González junto al PP y CC. Según asegura, Cabo “nunca me informó de ese análisis y solo fue en este mandato cuando, por medio de la actual concejal responsable del departamento, tuve conocimiento, si bien en ningún caso obliga al cierre”, por lo que Dávila, en su opinión, está alertando y manipulando la realidad.
González se reunió el pasado miércoles con la plataforma de Punta Brava Stop Vertidos, tal y como informó ayer este periódico. En esa reunión, el máximo mandatario local no solo detalló sus actuaciones desde 2019 para tratar de solucionar los vertidos, cuestión con “múltiples causas”, sino los pasos dados con el Cabildo para afrontar la “imprescindible” ampliación de la depuradora de Punta Brava, que cada vez asume más barrios del Norte y se ha desbordado, así como el emisario, la parte clave del agravamiento de los últimos meses.
Además, González les explicó que el Consejo Insular, en una reunión del miércoles de la semana pasada, anunció que acababa de firmar el contrato por emergencia para esa reparación, si bien en esa cita, y a diferencia de lo dicho ahora por Dávila y el vicepresidente insular, Lope Afonso, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, aseguró que la rotura del emisario “nada tenía que ver (poco probable, según el informe del propio CIATF) con el empeoramiento de la calidad del agua”.
El gobierno local, sin embargo, recalca que, en los últimos 4 años, ni la Comunidad ni el Cabildo “han podido mostrar con un análisis los efectos que esta rotura está provocando en el entorno de la playa, por lo que recurrimos a un informe de esa empresa externa”.
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