Desde hace varias décadas, Tenerife ha experimentado una crisis habitacional en constante aumento, particularmente en su zona sur, un área que se ha visto profundamente transformada por el auge del turismo. La expansión del subsector turístico ha impulsado la demanda de alojamientos, lo que ha derivado en un crecimiento acelerado del alquiler vacacional. Este fenómeno, lejos de ser exclusivamente económico, ha tenido profundas repercusiones sociales y urbanísticas. La creciente preferencia de los propietarios por destinar sus inmuebles al alquiler vacacional, motivada por la mayor rentabilidad que ofrece en comparación con el alquiler residencial, ha reducido drásticamente la oferta de viviendas accesibles para los residentes locales.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, expresó recientemente su preocupación por el aumento del número de viviendas vacacionales, afirmando que, “para Tenerife, es muy difícil digerir el volumen” de estas casas. Estas declaraciones se fundamentan en datos que indican que, en los últimos meses, se han presentado 5.000 nuevas solicitudes de este tipo de hospedajes, sumándose a las 22.000 ya existentes, una creciente cifra que distorsiona significativamente el mercado de alquiler residencial. Esta situación ha despertado inquietud sobre el acceso a la vivienda para los habitantes locales, particularmente en las áreas sureñas más afectadas por el turismo, como Adeje o Arona.
Según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, entre 2017 y lo que va de 2024, Canarias ha recibido 1,3 millones más de turistas si se comparan ambos periodos, un aumento del 14% . No obstante, el crecimiento en el uso de alojamientos turísticos tradicionales, como hoteles y apartamentos, ha sido mínimo, con un alza de solo el 0,3%. Esto refleja que la mayoría de los nuevos visitantes ha optado por el alquiler vacacional, profundizando la crisis habitacional en comarcas como la del sur tinerfeño.
Para intentar contrarrestarlo, Dávila ha propuesto una moratoria para frenar el registro de nuevas viviendas vacacionales. Argumenta que la “avalancha” de inscripciones, impulsada por los cambios en la Ley de Vivienda Vacacional del Gobierno regional (que comparten también CC y PP), ha desbordado la capacidad administrativa de los cabildos para regular estas propiedades, particularmente en el sur de la Isla. La moratoria propuesta por la presidenta pretende contener lo que muchos consideran una de las principales causas de la crisis de vivienda en la zona.
“El 40% de las casas de alquiler han desaparecido”
No obstante, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), con sede en Adeje, cuestiona esta visión. Su presidenta, Doris Borrego, afirma que la crisis de vivienda en Canarias se debe principalmente a “la falta de construcción de casas asequibles para la población local y la inseguridad jurídica que afecta al mercado del alquiler tradicional”. Según la ASCAV, “el 40% de las viviendas de alquiler han desaparecido debido a la inseguridad jurídica y, aunque un 20% ha sido destinado al alquiler vacacional, la mayoría de las propiedades se ha vendido o cerrado”, esgrime.
Esta asociación también señala la falta de previsión en la planificación urbana, especialmente en los municipios turísticos, donde el crecimiento poblacional no ha ido acompañado de una oferta adecuada de viviendas para los trabajadores locales. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que Canarias cuenta con más de 211.000 viviendas vacías y el parque público de casas representa apenas el 1% del total, muy por debajo de la media estatal y europea. Para la ASCAV, estos números ilustran mejor la crisis habitacional que la proliferación de viviendas vacacionales en los últimos años.
Por su parte, Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, sostiene, en declaraciones a este periódico, que “el alquiler habitacional convencional no es del todo rentable”, lo que ha llevado a muchos propietarios a optar por el vacacional debido a las “restricciones impuestas por la Ley de Vivienda estatal. La inseguridad jurídica -asegura Cabrera-, ha erosionado la confianza en el alquiler tradicional, obligando a muchos propietarios a cambiar de estrategia”.
CONFLICTOS DECONVIVENCIA
El representante patronal también subraya la necesidad de regular de forma diferenciada las parcelas turísticas y residenciales, ya que ambas responden a dinámicas de vida distintas. Mientras los residentes locales necesitan estabilidad para trabajar, los turistas siguen ritmos más “acelerados”, lo que genera conflictos de convivencia, especialmente en los municipios turísticos.
El sur de Tenerife, altamente dependiente del turismo y con un desarrollo limitado en políticas de vivienda asequible, enfrenta un desafío considerable desde hace tiempo y en tendencia ascendente. Aunque el subsector turístico ha contribuido a reducir el desempleo en la región, con una disminución de casi 6.000 demandantes de puestos durante el año pasado, según datos oficiales, por otro lado persiste y se agrava la crisis habitacional. La interacción entre el crecimiento del turismo, el aumento del alquiler vacacional y la escasez de soluciones habitacionales para los residentes locales ha intensificado este complejo problema.
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