justicia y tribunales

El empresario del millón de mascarillas falsas tampoco declara ante la comisión

El administrador único de RR7 United SL se une a la lista de los comparecientes que han optado por acogerse a ese derecho
Comisión parlamentaria de investigación sobre el material para la covid. DA
Comisión parlamentaria de investigación sobre el material para la covid. DA

El empresario Rayco González, administrador único de RR7 United SL, la compañía que vendió al Servicio Canario de la Salud (SCS) un millón de mascarillas falsas por 4 millones de euros, tampoco ha declarado en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. González se une así a la lista de comparecientes citados por la comisión que optan por hacer uso de su derecho a no declarar.

Desde que se constituyó, apenas han respondido a las preguntas de los diputados quienes formaban parte del comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, así como el fundador de One Airways, Óscar Trujillo. También respondió Carlos Sánchez Muñoz, de la empresa ACJ, una de las principales suministradoras de material sanitario al SCS.

Rayco González rehusó ayer hacer uso de su primer turno de intervención por un tiempo de 10 minutos y declinó contestar a las preguntas formuladas a excepción de las del portavoz de Vox, Nicasio Galván, la mayoría de las veces asintiendo o negando con la cabeza. Bajo esta segunda fórmula, aseguró que desconoce quién era el contacto en el SCS de otro de los intermediarios investigados en la presunta trama del caso mascarillas, Lucas Cruz, que le dijo a Rayco González la célebre frase “vamos a forrarnos, hermano”. La única vez que rompió su silencio en la comisión de investigación fue para explicar que una entidad bancaria le exigió retirar el dinero que tenía pendiente en su cuenta e intentó abrirla con el mismo nombre en otra entidad.

Titerro International SL, empresa que suministró 200.000 batas quirúrgicas por 1,9 millones de euros a través de un contrato que es investigado por la Fiscalía Europea, se ofreció al SCS por la experiencia de 24 años en China del grupo al que pertenece. Así lo trasladó a la comisión de investigación su administradora única, Clara Pérez Cabrera, que especificó que el grupo de empresas que lidera no tenía experiencia previa en el ámbito sanitario en España, pero sí en otros países.

Relató que varias compañías de otros sectores recurrieron a ella por su presencia en China para lograr material sanitario en la peor fase de la covid-19 y que vio una oportunidad para tramitar los envíos por su cuenta. Por ello, contactó con el SCS y la recibió en la sede de Las Palmas Conrado Domínguez, que por aquel entonces no era el director del organismo, sino coordinador del comité de expertos, recordó Jennifer Curbelo (PP).

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