Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González Bacallado, los socios sindicados de José Miguel Garrido se enteraron por DIARIO DE AVISOS de que el empresario madrileño les ocultó la venta del 10 por ciento de su paquete accionarial a un inversor inglés. Esta operación de compraventa tendría que haber contado con el beneplácito, no solo verbal sino ante notario, de todos los integrantes del grupo que permite la gobernanza del representativo blanquiazul. Una vez conocida esta traición, aguardan a que el emprendedor residente en Londres les ofrezca una explicación, ya que entienden que esta operación encubierta sería motivo para que se rompa el sindicado. Es más, la voluntad de los empresarios tinerfeños sería la de romper amarras con el accionista que ha desencadenado una crisis institucional sin precedentes en la entidad deportiva centenaria.
Una vez el inversor británico interponga la querella criminal contra el principal accionista de la entidad blanquiazul por estafa y falsedad en documento público, los asesores legales de Achi, Concepción y González son partidarios de que se presenten en el procedimiento como parte perjudicada.
Además, en el caso de que se produzca la ruptura del sindicado, Garrido estaría en la obligación de abonar un millón de euros a cada uno de sus socios de viaje, además de devolver las acciones que les compró sin coste alguno. Todas estas condiciones están pactadas y firmadas ante notario por el cuarteto que aceptó este modelo con el fin de dar estabilidad institucional al Tenerife.
También observan los sindicados que este nuevo proceso judicial en el que se vería envuelto José Miguel Garrido provocaría una judicialización de la entidad que frenaría el relevo en la cúpula del mapa accionarial blanquiazul. Un aspecto que claramente también afectaría a una parcela deportiva muy afectada en estos momentos por un pésimo inicio de curso liguero.
Un motivo legal para romper el acuerdo
La unidad y estabilidad para el CD Tenerife que pregonaba el acuerdo de sindicación de acciones firmado por Miguel Concepción, José Miguel Garrido, Amid Achi y Conrado González podría quedar en agua de borrajas próximamente.
Una alianza que arrancó en la Junta Extraordinaria de Accionistas del CD Tenerife, celebrada en diciembre de 2022, que se firmó con una duración de cinco años y que incluye importantes penalizaciones económicas en el caso de que alguno de los firmantes quisiera descabalgarse del acuerdo suscrito o no acatara las cláusulas que se corroboraron ante notiario.
Justamente una operación encubierta de compraventa del 10 por ciento del accionariado de José Miguel Garrido supondrían un motivo real y legal para hacer saltar por los aires un acuerdo que ahora mismo bloquea la posibilidad que Garrido desaparezca del CD Tenerife.
Sea como fuere, lo que tienen muy claro los accionistas del sindicado es que la situación no puede continuar en los parámetros actuales, con una desilución creciente, como se pudo comprobar en la masiva manifestación de aficionados que tuvo lugar el pasado domingo en los aledaños del Heliodoro, y con un amplio sector del tinerfeñismo señalándoles como responsables de una crisis provocada, en gran medida, por los problemas judiciales del mayor accionista de la entidad, José Miguel Garrido. Como desveló también en exclusiva DIARIO DE AVISOS el 12 de julio, la Audiencia Nacional juzgó en Madrid al máximo accionista de la entidad por defraudar a Hacienda en una macrocausa que afecta a una treintena más de procesados.
Aunque el juicio continuará hasta el 23 de octubre, según ha podido confirmar este periódico en fuentes judiciales, Garrido negoció con la fiscalía un pacto previo al comienzo de la vista para evitar ir a prisión, declarándose culpable de hasta cinco delitos a cambio de aceptar una multa millonaria.
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