La Fiscalía identificará a aquellas “personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias” que se amparen en el nuevo protocolo de la comunidad autónoma para no acoger a niños llegados en cayuco y abrirá diligencias contra ellos para comprobar si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
La Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha emitido un decreto con instrucciones claras para los fiscales de las Islas en relación con el Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados.
El decreto precisa que, en caso de recibir una notificación por parte de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado que informe sobre la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia a acoger a un menor extranjero no acompañado que ha sido debidamente identificado según el Protocolo Marco de 2014, el fiscal de guardia debe solicitar que se adopten medidas inmediatas para garantizar la acogida del menor en un centro de protección.
El procedimiento establecido incluye la instrucción a las fuerzas de seguridad para que proporcionen al menor las medidas de protección necesarias, como alimentación y alojamiento, hasta que la Dirección General de Protección de la Infancia disponga su traslado a un centro.
En caso de que la responsabilidad de la custodia del menor sea entregada a la Policía Autonómica Canaria, el fiscal de guardia deberá supervisar el tiempo de permanencia del menor en dichas dependencias.
Además, deberá solicitar un informe detallado sobre las circunstancias personales del menor, su estado de salud y las condiciones en que llegó a las costas canarias.
También se investigarán las acciones del personal de la Dirección General de Protección de la Infancia que, según el protocolo, haya manifestado la incapacidad de acoger al menor.
Por último, se establece que los fiscales delegados de Trata de Personas y Extranjería iniciarán investigaciones preprocesales para determinar si ha existido un delito de abandono de menores u otros delitos relacionados durante el proceso de acogida.
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