FACUA ha conseguido que la aerolínea Ryanair devuelva a una socia de Sevilla el recargo de 13,20 euros que le había cobrado por llevar equipaje de mano en cabina. Esta devolución se convierte en la primera resolución extrajudicial obtenida por la asociación tras la sanción de más de 150 millones de euros impuesta a la compañía irlandesa y otras tres aerolíneas en mayo por la Secretaría General de Consumo y Juego.
La afectada, Águeda Fernández Martín, había pagado un recargo durante el proceso de compra de billetes para volar desde Sevilla a Santiago de Compostela. Para poder llevar consigo su equipaje de mano, tuvo que seleccionar la opción “Prioridad & 2 Piezas de equipaje de mano”, aumentando el coste de su tarifa básica en 13,20 euros. Días después de la compra, Águeda se unió a la plataforma de afectados por el cobro ilegal del equipaje de mano, impulsada por FACUA, que desde 2018 lleva denunciando esta práctica ante diversos organismos.
FACUA Sevilla reclamó a Ryanair la devolución de dicho importe a finales de junio, argumentando que la aerolínea había vulnerado el artículo 97 de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea. Esta normativa obliga a las compañías a transportar el equipaje de mano del pasajero sin coste adicional, siempre que cumpla con los límites de peso y volumen establecidos. La respuesta de Ryanair llegó el 27 de agosto, cuando la compañía comunicó a Águeda que procedería a la devolución del importe cobrado de forma irregular.
Águeda Fernández ha recibido ya el reembolso en su cuenta bancaria y hace un llamamiento a los usuarios para que reclamen sus derechos. “Si todos reclamamos, seguramente esta situación cambie”, señala la socia de FACUA Sevilla. Mientras tanto, la asociación continúa impulsando la interposición de demandas judiciales contra las aerolíneas que se niegan a devolver los cargos extra por el equipaje de mano.
Este caso representa un paso importante en la lucha por los derechos de los consumidores en el sector aéreo, y refuerza la importancia de las asociaciones de consumidores en la defensa de las normativas vigentes.