El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prosigue la búsqueda de respuestas a la crisis migratoria que se mantiene desde hace trece meses en el Archipiélago. Ayer mantuvo dos reuniones en Ginebra con responsables de Acnur y Unicef con el fin de recabar el “asesoramiento y la ayuda internacional para poder administrar y gestionar un fenómeno que está teniendo una gran intensidad, la mayor de Europa, ahora en Canarias”.
Ante el director de Acnur en Europa, Philippe Leclerc; el director regional adjunto de Unicef, Octavian Bivol; el equipo de Infancia de esta última entidad, y la embajadora permanente adjunta de España ante la ONU, Clara Cabrera, Clavijo hizo hincapié en que el Gobierno de Canarias continúa trabajando para “dar una respuesta digna y que se cumplan los derechos de la infancia”.
Acompañado por el viceconsejero del Gabinete del presidente, Octavio Caraballo, el dirigente isleño indicó que la emergencia migratoria ha supuesto la contratación de 39 profesionales en la Administración autonómica, “profesionales que precisan de un asesoramiento técnico para poder atender esta situación con garantías y hacerlo lo mejor posible”.
El mandatario canario confía en que el apoyo se traduzca en el desarrollo de proyectos similares a los de Andalucía. No obstante, Clavijo recalcó que ese trabajo en Canarias ha de ir en paralelo al que “se debe hacer en la otra orilla, en los países emisores”. Al respecto, mostró su preocupación por las informaciones que confirman que hay más de 150.000 personas en campamentos de refugiados fuera de Mauritania y 20.000 malienses que aguardan el salto a Europa a través de la ruta atlántica: “Hay que estar preparados, porque lo que resulta evidente es que los flujos migratorios no suponen un desafío coyuntural, sino global y que permanecerá en el tiempo”.
En cuanto a los menores solos, advirtió del colapso en la red de recursos de acogida y de las dificultades para “integrar a estos niños y niñas y jóvenes”. Muchos tienen edades comprendidas entre los 16 y 18 años, detalló, por lo que “habrá que idear mecanismos para impulsar programas de transición que les permitan aprender el idioma, cualificarse e integrarse en el mercado laboral”.
Acerca de la reforma de la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, reconoció que “todos están arrimando el hombro” y pidió “discreción” para que avancen los trabajos. En tal sentido, espera que los gobiernos central y canario y el PP cierren, en el plazo de diez o quince días, un acuerdo que permita la modificación del artículo 35 de la mencionada ley para hacer obligatoria la acogida solidaria de los menores entre las comunidades autónomas.
“Lamentablemente, no ha habido avances”, manifestó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a su salida del desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. “El Gobierno tiene la pelota en su tejado y, además, la responsabilidad de afrontar una crisis migratoria que ya está alcanzando unas cotas importantes. Para empezar, a la vista de la tragedia que se ha vivido este fin de semana en El Hierro, y ni tan siquiera eso conmueve al Gobierno ni le hace darse cuenta de que tiene que afrontar esta situación, poner medidas y asumir que esto es una cuestión de Estado”. El portavoz conservador en el Congreso, Miguel Tellado, apremia al Ejecutivo a que apoye al Gobierno canario “ante una situación dramática y trágica que se está viviendo en su costa”.
LA VISIÓN DE UGT
En La Laguna, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, expresó que España puede asumir “perfectamente” a los menores no acompañados y que es una cuestión que no deben negociar las comunidades entre ellas, sino que debe ser el Gobierno el que tenga la autoridad para determinar de qué manera los jóvenes son asimilados en el conjunto del país.
Tras una sesión sobre la reducción de la jornada laboral, Álvarez achacó al racismo el hecho de que este debate no haya existido cuando llegaron 140.000 personas procedentes de Ucrania. Se preguntó cómo no va a ser posible acoger a “12, 14 o 15.000 niños y niñas que han llegado a nuestro país”. En su opinión, esas cifras no crean ninguna tensión “más que la que quieren determinados políticos”, por lo que llamó a no pretender sacar réditos electorales ni generar alarmas “innecesarias”.
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