La Ley Canaria de Educación, aprobada hace diez años, se “ha incumplido en parte o no se ha desarrollado lo suficiente” según denunció ayer el sindicato STEC-IC, en sus capítulos más importantes, como la financiación, las infraestructuras, las plantillas cortas, disminución de ratios, los programas de inclusión y recursos para alumnos con necesidades educativas especiales.
Fernando Pellicer, portavoz de la central, recordó ayer que esta Ley partió de una iniciativa legislativa popular y su trámite parlamentario fue “complejo, arduo y lento”. Aunque no es la que hubiese deseado, es “una buena norma”, que ha permitido, “aun con sus lagunas, avanzar en algunos aspectos” del desarrollo del sistema.
Solo el PP votó en contra de esta ley, precisamente el partido que ahora está al frente de la consejería. Por tanto, “obviamente no vamos a pedir que se atenga a la misma y que la cumpla”, lamentando que “los que no creyeron en la Ley” van a aprobar “los presupuestos más bajos de la década”, que alejan el objetivo marcado por la propia ley de llegar al 5% del PIB para educación. Asimismo, denunció recortes en la Formación Profesional y en el desarrollo de la enseñanza de 0 a 3 años.
Por su parte, Gerardo Rodríguez enumeró los incumplimientos en sus capítulos más importantes, como la calidad, para que Canarias deje de estar a la cola del informe PISA, así como la inversión en infraestructuras, que dista mucho de ser la que se requiere, además de precisar el doble de programas de inclusión y más formación continua para el profesorado. Recordó que, pese al progreso, sólo el 27% de niños de entre 0 a 3 años está escolarizado, cuando la media es del 44%.
Pidió reforzar las ayudas al estudio en una sociedad en la que el 35% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. “La pobreza y la falta de recursos materiales se heredan y eso impide que muchos niños sigan progresando, no por falta de capacidad, sino de recursos”.
En cuanto a las infraestructuras, se necesitan centros de nueva creación en las zonas tensionadas, la eliminación de las aulas modulares, la modernización de muchos antiguos y su adaptación a los nuevos tiempos, por ejemplo, al cambio climático y las olas de calor. Sobre las necesidades educativas especiales, denunció un descenso de los auxiliares y abogó por disponer de personal suficiente, tanto especialistas en educación especial, logopedas y trabajadores sociales, y auxiliares en comedor.
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