Tres meses, 93 días y 2.232 horas. Ese es el tiempo que lleva cerrado el complejo Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, debido a la presencia de vertidos fecales en sus aguas,”uno de los desastres medioambientales más importantes de Canarias”, según declaró ayer en rueda de prensa la vicepresidenta de la plataforma Punta Brava Stop Vertidos al Mar, Cande Padilla.
Durante todo este tiempo, vecinos y comerciantes “que han cumplido sus obligaciones como ciudadanos pagando impuestos y tasas”, han sufrido las consecuencias de un problema que lleva mucho años y que afecta su salud y su economía, sin que ninguna administración competente le haya puesto solución y para el que “ni siquiera han encontrado un diagnóstico”, se lamentó.
Por este motivo, han pedido responsabilidades a todas las administraciones públicas (Gobierno de España, de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz) a las que también acusan de “falta de transparencia” en este asunto y de “culpar” a los vecinos de Punta Brava “cuando en realidad somos las víctimas”, subrayó.
Padilla se refirió a las declaraciones de la presidenta insular, Rosa Dávila, quien aseguró el lunes que los vertidos no provenían de la rotura del emisario submarino sino de la falta de conexión a la red de alcantarillado de las 450 viviendas de autoconstrucción de Punta Brava que han incrementado la carga de la depuradora, que está al límite de su capacidad dado que también recibe las aguas residuales de La Orotava y Los Realejos.
Padilla estuvo acompañada por la presidenta de la plataforma, Tania Hernández; la portavoz, Yanira Hernández, y la vocal Deiere Rodríguez. En ese contexto, dijo que los documentos y análisis realizados por diferentes organismos y empresas a los que han tenido acceso, revelan las deficiencias en el servicio de depuración de aguas de la zona “desde hace más de 15 años y que han llegado a presentar niveles de contaminación 48 veces superiores a lo permitido”.
Asimismo, expuso “los errores” que pusieron en grave peligro la salud de miles de personas que acudieron a esta zona de baño”. En concreto, se refirió a que el Ayuntamiento decretó el cierre de la playa el 4 de julio, 13 días después de haber recibido el informe de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias de 21 de junio, en el que se recomentaba abstenerse del baño al detectarse una calidad deficiente de las aguas provocada por vertidos de aguas fecales y en el que añadía que los “altos niveles de contaminación fecal suponen un riesgo de padecer enfermedades”. En ese plazo, “se bañaron miles de personas, en especial el 23 de junio, en el que el Consistorio organizó actividades multitudinarias con motivo de la Noche de San Juan”, recordó Yanira Hernández.
Son muchas las preguntas que la Plataforma hizo ayer que no tienen respuesta, como la disparidad de resultados entre las analíticas del Consejo Insular de Aguas (Ciatf) y de la empresa contratada por el Ayuntamiento. Tampoco entiende por qué el Ciatf tardó “cuatro años” en reparar la fuga del emisario y lo hizo recién el pasado 1 de agosto.
Según Rodríguez, esta obra de reparación no ha finalizado y tampoco ha dado ningún fruto, ya que sigue vertiendo aguas fecales como el primer día desde una depuradora obsoleta que no depura”, declaró.
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