La depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, ha vuelto a ser objeto de polémica tras el derrame de mil litros de productos tóxicos (una disolución de cloruro férrico cuyo 75% era agua) ocurrido el sábado por la noche, cuyas causas se siguen investigando y sus consecuencias todavía se desconocen dado que no se ha podido determinar hasta el momento si el vertido alcanzó la red de pluviales o incluso llegó al mar.
Mientras tanto, Cabildo y Ayuntamiento se exigen mutuas explicaciones. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), organismo autónomo adscrito al Cabildo de Tenerife, no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.
El primer paso que ha dado en este sentido ha sido iniciar el expediente de investigación a la empresa Aqualia como responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto de la depuración como de la regeneración, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas para determinar el origen del derrame, la cantidad de producto liberado, las circunstancias del incidente y su posible destino.
La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente.
En este sentido, le ha requerido a la empresa responsable de la explotación -Aqualia- que aporte toda la información sobre el incidente, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental y ha establecido para ello un plazo de tres días desde el día siguiente a la recepción de la notificación, confirmaron a este periódico fuentes del Cabildo.
Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que la rotura de la conducción haya sido intencionada. De hecho, la empresa gestora planteó inicialmente la hipótesis de un posible sabotaje pero ayer prefirió no profundizar sobre este asunto dado que todavía se están realizando las investigaciones.
El Cabildo no va a asumir conclusiones hasta que se conozcan todos los hechos. El expediente permanecerá abierto hasta determinar qué ocurrió, si se cumplieron los protocolos establecidos y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.
Asimismo, deja claro que Aqualia debe garantizar el funcionamiento seguro de la instalación y el cumplimiento estricto de todas sus obligaciones. Si finalmente se acredita cualquier incumplimiento, asegura que le exigirá todas las responsabilidades pertinentes y la adopción de las medidas correctoras y preventivas que sean necesarias.
El Ayuntamiento pide a su vez explicaciones a la Administración superior dado que considera que la estación depuradora es una infraestructura de competencia insular y por eso es el Cabildo quien debe ofrecer toda la información sobre lo sucedido y sobre las medidas que se han adoptado desde entonces.
El Consistorio solicitará formalmente la documentación relativa al incidente, los informes técnicos disponibles, el detalle de los trabajos que se vienen realizando y la planificación de las actuaciones previstas de cara al futuro. Asimismo, el portavoz del grupo de gobierno, Pedro Antonio Campos, solicitó ayer al Ciatf que comparta cuanta información se derive de la apertura o del anuncio de apertura del expediente informativo a la empresa operadora con el objetivo de disponer de todos los elementos necesarios para conocer con exactitud lo ocurrido y las responsabilidades o actuaciones que puedan derivarse del procedimiento.
“Ante informaciones cruzadas lo que corresponde es información veraz, y por eso hemos enviado sendos oficios al Ciatf y a Salud Pública para que se actúe en el marco competencial adecuado”, declaró.
Asunto del Pleno insular
Por otra parte, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife anunció ayer que llevará este asunto al pleno ordinario que se celebra semana durante el cual su portavoz, Aarón Afonso, pedirá explicaciones a la presidenta insular, Rosa Dávila, sobre lo sucedido y sobre “la distancia” entre el discurso que ofreció el pasado viernes y la situación que viven los vecinos y vecinas de Punta Brava.
Al respecto, Afonso recuerda que Dávila afirmó que “la calidad del agua en las playas de Tenerife, salvo algunas situaciones puntuales, es excelente”. “Mientras la presidenta decía eso, los hechos la desmentían: los portuenses se despertaban con sus playas marrones y llenas de espuma”, señala el portavoz socialista.
“Los hechos son tozudos y están alejados de los titulares triunfalistas de la presidenta”, añade Afonso. El portavoz considera que Dávila debe explicar qué ocurrió en Punta Brava, cuándo tuvo conocimiento el Cabildo, qué medidas se adoptaron y cuándo se conocerán los resultados de la investigación.
El PSOE recuerda que los cierres de playas de las últimas semanas no se limitan a Puerto de la Cruz. También se han registrado episodios en Granadilla de Abona y Los Realejos. Por este motivo, Afonso cuestiona que la presidenta siga presentándolos como “casos aislados”.
“El viernes pedimos información clara sobre las obras y los plazos para afrontar estos problemas. La respuesta fue una sucesión de cifras y anuncios. Ahora se ha producido un derrame en Punta Brava y el Cabildo ni siquiera puede confirmar adónde llegó. Los vecinos merecen saber qué ha pasado y qué se va a hacer”, afirma.
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