La asociación Queremos Movernos celebró ayer su décima Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad, evento en el que el colectivo volvió a gritar “¡estamos aquí y seguimos igual!. Muchos años en los que no solo no se avanza, sino que se dan pasos atrás”, según censuran sus integrantes.
La convocatoria quedó deslucido por la lluvia, por lo que muchas personas con discapacidad no pudieron acudir desde todos los puntos de la Isla a la capital. Los organizadores optaron por recorrer el tramo desde la plaza de Weyler a la Subdelegación del Gobierno, lugar donde les esperaban los integrantes de la murga infantil Los Mamelones, a los que escucharon, y se procedió luego a la lectura del manifiesto reivindicativo.
En ese texto, los integrantes de Queremos Movernos volvieron a lamentar que “estamos aquí y seguimos igual”, desgranando uno a uno los puntos incumplidos por parte de las administraciones. Entre ellos, reclamaron “lugares para vivir con dignidad”, reivindicando su derecho a “acceder a una vivienda adaptada y accesible” que garantice “la dignidad, autonomía e inclusión en la sociedad”. Asimismo, insistieron en la creación de “programas de apoyo económico” para la adaptación de viviendas existentes y que las nuevas construcciones garanticen la accesibilidad de las edificaciones y zonas comunes.
También recordaron que los recursos y residencias para personas con discapacidad en Canarias “responden a un modelo desactualizado, enfocadas desde la perspectiva de la asistencialidad y mal gestionadas”, denunciando una “atención deficiente en muchos casos”, al no respetar el derecho a seguir desarrollando proyectos de vida y dignidad. Por tanto, exigieron “modalidades alojativas que vayan con los tiempos”, acordes con la “desinstitucionalización”.
Asimismo, reclamaron su “derecho a la educación”, pues “carecer de medios y apoyo efectivo lleva al fracaso escolar”. Los equipos específicos de apoyo educativo y las aulas enclave “siguen sin los recursos humanos y materiales necesarios”. Además, la inclusión académica debe ser un proceso de mejora, buscando la “presencia, participación y éxito del alumnado”. Para ello, consideran que “deben desaparecer todas las barreras” que lo impidan, entre ellas la frontera de 21 años.
Además, denunciaron que “las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva padecen exclusión” y que las administraciones “no garantizan su acceso a los bienes y servicios, entre ellos a la información y a la comunicación mediante servicios de interpretación, videointerpretación y guía interpretación gratuitos y de calidad”.
En relación a la dependencia y discapacidad, lamentaron que los canarios sean los españoles que menos recursos tienen para la primera y que se racanee “el coste real de la plaza por jornada en las residencias, centros de día, pisos tutelados y en espacios ocupacionales”. Además, critican que en Canarias “no han incrementado las ayudas a los Servicios Sociales”. Por tanto, instan al Gobierno de Canarias a “modificar los presupuestos generales para que la atención a las personas con discapacidad sea la que merecemos y necesitamos”.
Por otro lado, reclamaron “protocolos eficaces y tratamiento temprano para la detección, seguimiento y tratamiento de las sorderas durante la infancia y la adolescencia, así como el cribado auditivo postnatal”.
En relación a la violencia de género, el manifiesto pone el foco en que las niñas y las mujeres con discapacidad “reclaman reconocimiento y respeto al derecho a la accesibilidad universal en todos los recursos” destinados a la denuncia de la violencia de género, el “derecho a ser escuchadas, a tener información clara y accesible, a que los profesionales de toda la cadena de atención a las víctimas estén formados en las particularidades de la discapacidad y que los recursos que nos ofrezcan sean accesibles”. Ante los datos que demuestran esa doble vulnerabilidad por ser víctimas y mujeres con discapacidad, exigen “un compromiso institucional para crear políticas públicas” que garanticen sus demandas.
También reiteró su demanda en la inclusión en la sociedad. “No se trata de privilegios, sino de los derechos que contempla la legislación”, reclamando a los municipios “la accesibilidad universal y la eliminación de barreras para favorecer la autonomía personal, no solo las arquitectónicas, sino todas las que no nos permitan ejercer nuestro derecho a la igualdad”.
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