El director de Casinos de Tenerife, Gildo Hernández Rodríguez, presentó el día 4 de este mes una carta de renuncia a su puesto después de que, el 19 de septiembre, el Juzgado número 6 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife emitiera un fallo por el que se le condena por un delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de diversos contratos.
Aunque las fuentes consultadas confirman que Gildo Hernández ya ha presentado el pertinente recurso ante dicho juzgado y la Audiencia Provincial (tenía diez días para hacerlo tras una sentencia firmada el 11 de octubre), de momento se le condena a 9 años de inhabilitación “para el ejercicio de empleo o cargo público por cada uno de los delitos, así como al pago de las costas procesales”.
El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de dos delitos continuados contra la Administración pública por prevaricación, mientras que la acusación popular, ejercida por el grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife, entidad de la que depende esta empresa, se retiró de la causa. Antes de quedarse como director de Casinos de Tenerife (el de Santa Cruz, el Taoro, en Puerto de la Cruz, y el Playa de las Américas, en Adeje), ejerció de gerente desde el 28 de octubre de 2000.
En los hechos probados se indica que, “actuando con absoluto desprecio hacia la legalidad, en 2012, 2013 y 2014 acordó la contratación sucesiva y mediante adjudicación directa, para (esas) tres sociedades mercantiles, de servicios de publicidad con J. J. Fuentes Tabares, S. L., así como de suministro de uniformes con Borrella S. A., que facturaron cantidades anuales superiores a 18.000 euros, que no han resultado justificadas.
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