El sector primario canario critica la “ultra regulación” de la CE

El sector primario canario cuestionó ayer, en el Parlamento regional, la “ultra regulación” que, a su juicio, impone la Comisión Europea y que amenaza la viabilidad de las explotaciones. En una mesa coloquio en el marco de las jornadas Conecta Europa, expresaron que se sienten “engañados y perseguidos”.

Además, y según señaló una técnica del Cabildo tinerfeño, existe también “falta de sensibilidad” de la Administración autonómica hacia los agricultores, como “si no estuviera para ayudar, sino para poner palos en las ruedas”, hasta el punto de que su “falta de empatía” perjudica incluso un relevo generacional imprescindible para la continuidad del sector. Estas son algunas de las dificultades administrativas y burocráticas de las que alertó Carmen Calzadilla, coordinadora de las Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife.

En su ponencia, Calzadilla mostró un caso real: “Se denegó una ayuda para dos hermanos jóvenes ganaderos que querían continuar la explotación de sus padres, que iban a retirarse, porque no contaban aún con conexión a la red eléctrica, como ocurre en muchas granjas y en esa misma desde hacía años sin que nadie pusiera objeciones antes. A los cinco técnicos que examinaron el proyecto no les convenció que se pueda trabajar con un generador hasta que consiguieran la conexión a la red. No tenían ninguna empatía ni voluntad de ayudarle. El resultado fue una explotación cerrada y dos empleos destruidos”.

En su segunda edición, Conecta Europa aborda la realidad de la agricultura, la ganadería y la pesca, bajo el título Retos y desafíos del sector primario. Durante su inauguración, la presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez, insistió en que pasa por “muchas dificultades” en Canarias, donde se ve perjudicado por la lejanía y la insularidad, lo que precisa de “un trato diferenciado por parte de la UE”. Alertó de que está “agonizando”.

Luego, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, expuso que “las ayudas del Posei para compensar los sobrecostes de la agricultura y ganadería canarias se mantuvieron congeladas en 268,42 millones anuales desde 2007 y deben estar en 357,27 por el aumento del IPC”. Si se incluye el 45% de la subida de los costes, deben llegar a 389,21 millones.