La pobreza infantil en Canarias sigue siendo insoportable, con cifras notablemente más altas que para el resto de la población, según el Informe El Estado de la Pobreza elaborado por la red EAPN en Canarias que alerta que 158.000 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, el 44,5%, más de una cuarta parte de esta población en Canarias, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
A pesar de reducirse en 3,3 puntos con respecto al 47,8% del año 2022 aún presenta una tasa muy elevada con respecto a otros grupos de edad, casi diez puntos más. Canarias es la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta detrás de Andalucía (47,1%), cuando la media nacional se sitúa en 34,5%, y muy lejos del País Vasco 18,6% o La Rioja 18,8%.
Canarias tiene una tasa de pobreza infantil tan elevada que supera los 27 países de la Unión Europea, más que el 41,5% de Rumanía o el 35,9% de Bulgaria, mientras que el dato en España empeora casi diez puntos del 24,7% de media europea.
La situación de los menores es bastante más elevada que la del total de la población canaria en todos los indicadores de pobreza y exclusión social, con una tasa Arope del 44,5% en pobreza infantil por el 33,8% de los mayores de 18 años.
Tomando como límite de pobreza y exclusión el contar con una renta menor o igual a 785 euros al mes, 37,1% de los menores canarios están en esta situación por el 26,1% del total de la población, y si descendemos a la pobreza extrema, con una renta menor o igual a 560 euros, los datos son de casi del 15% para los niños, niñas y adolescentes, por el 9,7% para el resto de la población.
En relación a los indicadores de privación material y social severa, la media en los menores de 18 años es del 16,4%, siendo del 11% en el resto de residentes. Este epígrafe se refiere a las carencias y vulnerabilidad como no poder sustituir ropa estropeada por otra nueva, o no poder permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; no gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo, ni participar en actividades de ocio o reunirse con amigos para comer o tomar algo al menos una vez al mes.
Núcleo familiar
Hay que recalcar que no hay niños, niñas o adolescentes pobres sin que también lo sean sus familias. Las personas que viven en hogares con menores de edad son más vulnerables y su tasa de pobreza es 7,7 puntos más elevada. La pobreza en un hogar sin menores en Canarias se sitúa en el 30%, ascendiendo al 37,7% en el caso de tener hijos, una brecha que se ha reducido 2,2 puntos con respecto al informe de 2022, cuando los datos de pobreza fueron de 27,8% para hogares sin menores por el 43,7% para unidades familiares con hijos.
La pobreza y exclusión infantil se agudiza también en las unidades familiares donde hay menos personas adultas, sobre todo en hogares monomarentales (la madre encabeza la familia), o donde hay mayor número de menores (familias numerosas). Según el informe Arope para Canarias, si pobreza infantil total es del 44,5% en los hogares, este indicador asciende al 52,7% en el caso de menores en hogares monoparentales y supone el 52,4% en los que conviven en hogares de familias numerosas.
Teniendo en cuenta la renta familiar, y tomando como límite de la pobreza y exclusión el contar con una renta menor o igual a 785 euros al mes, la media regional está en el 37,1% de hogares con menores, ascendiendo al 45% en el caso de hogares monoparentales y al 45,9% en hogares de familias numerosas. Si descendemos aún más en la pobreza y exclusión extrema, contar con menos de 560 euros al mes, Canarias cuenta con el 14,9% de personas en hogares con menores en esta situación, que asciende al 23,4% en el caso de unidades monoparentales y el 24,5% en familias numerosas.
Si observamos la privación material y social severa, la media de hogares con menores se sitúa en el 16,4%, y crece al 18,4% entre los hogares monoparentales y al 15,6% en miembros de familias numerosas. Entre las carencias en la familia y el hogar se incluyen no permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder afrontar gastos imprevistos; tener retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler, recibos de suministros o en compras a plazos; no permitirse conexión a internet; no mantener la vivienda con una temperatura adecuada; o no poder sustituir muebles estropeados.
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