El Archipiélago canario registró 222 expedientes por agresiones de hijos e hijas a sus progenitores en el pasado año, lo que supone un descenso del 50,45% en relación a los 448 casos denunciados en 2024, a partir de las memoria de la Fiscalía de Menores.
En ambas provincias se han registrado un descenso de expedientes, mucho mayor en la de Santa Cruz de Tenerife, con 45 casos denunciados, un 82,14% en relacion con los 252 comportamientos violentos de hijos e hijas hacia sus padres y madres abuelos y abuelas, tutores o aquellos adultos que ocupan su lugar notificados en 2024, mientras que en las islas orientales se presentaron 177 denuncias, un descenso del 29,76% desde los 196 del 2024.
Echando la vista más atrás, se presentaron 453 expedientes en 2023, (252 en la provinciaoccidental y 201 en la oriental) por los 301 del año 2022 (180 en la provincia tinerfeña y 121 en la de Las Palmas).
Más de 4.000 anuales
Las agresiones de hijos e hijas hacia sus padres, madres o tutores es una realidad social grave, debido a que solo se denuncian entre un 10% y un 15% de las situaciones, debido a que la mayoría permanece oculto en el ámbito familiar.
Según los datos recopilados por Fundación Amigó de las Fiscalías de Menores, durante 2025 se registraron en España 4.038 procedimientos incoados a menores de edad por delitos de violencia filio-parental. Esta cifra supone un descenso del 10,7% respecto a los 4.521 expedientes registrados en 2024, y supone el dato más bajo de los últimos años, con 4.416 expedientes durante 2023 y los 4.332 registrados en 2022.
Los datos muestran importantes diferencias entre comunidades. Madrid es la región que registra un mayor número de procedimientos incoados, con 1.036 expedientes durante 2025, seguida de Andalucía, con casos 831, y la Comunidad Valenciana, con 655. A continuación se sitúan Cataluña, con 238 expedientes; Canarias, con 222; Baleares, con 201; Murcia, con 168; Galicia, con 151; Castilla y León, con 143; País Vasco, con 101; Asturias, con 76; Castilla-La Mancha, con 71. En el extremo opuesto, La Rioja y Cantabria registran 25 procedimientos cada una, seguida por Extremadura, con 30 expedientes, Navarra, con 32 y Aragón con 33.
Este tipo de violencia abarca el conjunto de conductas reiteradas de violencia física, psicológica o económica, de los hijos e hijas a sus progenitores o a aquellos adultos que ocupan su lugar. Se excluyen las agresiones puntuales, las que se producen en un estado de disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta se recupera, el autismo o la deficiencia mental grave y el parricidio sin historia de agresiones previas.
No existe un perfil único de adolescente que ejerza violencia contra sus progenitores.
Aparecen con frecuencia dificultades relacionadas con la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la escasa capacidad de regulación emocional, la baja autoestima, el deterioro del rendimiento escolar (54%) y los problemas en las relaciones con iguales. También se observan situaciones de exposición previa a la violencia, sufrir acoso escolar (23%), violencia de género en el hogar (33%) o abuso sexual. En los últimos años, se ha detectado un aumento de los conflictos relacionados con el uso abusivo de las nuevas tecnologías, especialmente en torno a la gestión y limitación del acceso a las pantallas.
La violencia filio-parental está presente en todo tipo de estructuras familiares (con ambos progenitores, monomarental, reconstruída o monoparental). La media de edad de los agresores es de 15 años y medio y la de los progenitores agredidos de 43. En siete de cada diez casos el problema se presenta cuando tienen entre 12 y 18 años. En el 56% de los casos, la violencia era ejercida por los hijos. Las madres continúan siendo las principales víctimas y, en muchos casos, existen estilos educativos diferentes entre los progenitores, dificultades de comunicación, falta de corresponsabilidad o problemas para establecer límites y normas de convivencia.
Cristina Vaquero, psicóloga del Proyecto Conviviendo, señaló que “la reducción registrada este año es una señal positiva, pero debe interpretarse con cautela. Seguimos hablando de más de 4.000 expedientes anuales y de una problemática que mantiene una base constante.
El descenso de la cifra judicial no se traduce necesariamente en una disminución real de los casos, pues existe una elevada cifra que no llega a denunciarse”.
Los datos reflejan la necesidad de buscar una respuesta especializada y la importancia de ofrecer apoyo antes de que las situaciones de violencia se cronifiquen o alcancen una mayor gravedad, teniendo en cuenta las características de los menores, adolescentes y jóvenes, las dinámicas familiares y los factores sociales y contextuales que pueden influir en el origen y mantenimiento de la violencia.
Los expertos que abordan estas violencias afirman que las familias solicitan apoyo especializado cuando “la convivencia ya se encuentra muy deteriorada y la violencia ha escalado a insultos, amenazas o agresiones físicas. Es fundamental reforzar los recursos especializados y facilitar que las familias puedan acceder a ellos cuanto antes. La intervención debe implicar a todos los miembros de la familia y trabajar la prevención, la comunicación y la resolución pacífica de los conflictos”, finalizó Vaquero.
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