“La Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife debe ser un centro democrático de la cultura. Sin embargo, su actual situación vulnera los derechos de la ciudadanía”, afirma Laura Escuela. “Como respuesta a la nula inversión, se habla de supuestas soluciones que solo son parches, tiritas y migajas. Y lo que más nos molesta es que todo esto lo paguen también las niñas y los niños, que no se pueden defender”, agrega la narradora canaria, que forma parte del colectivo, niños, jóvenes, familias y usuarios en general, que se concentra esta tarde de miércoles, a partir de las 18.00 horas, al igual que hicieron el 30 de octubre, junto a la también llamada Casa de la Cultura.
La protesta tiene que ver, pero no solo, con el cierre intermitente del servicio de biblioteca infantil y juvenil del centro debido a la falta de personal. Aunque con ser suficiente motivo, es el reflejo de la ausencia de inversión que sufren las dos bibliotecas del Estado, la de Tenerife y la de Gran Canaria -dependientes de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias-, y también muchas otras bibliotecas públicas de las Islas.
Las dos del Estado no han recibido este año ni un euro de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, que dirige Horacio Umpiérrez, para dos partidas fundamentales: la de adquisición de fondos bibliográficos y la de organización de actividades socioculturales. Todo ello, pese a que el viceconsejero anunció en julio que el Gobierno destinaría 550.000 euros a la gestión de las bibliotecas -las dos mencionadas y las dependientes de cabildos y ayuntamientos- de la Red BICA (Bibliotecas de Canarias). Que se sepa, ese dinero no ha llegado aún.
“Se habla de soluciones que son parches, tiritas y migajas; lo que más molesta es que todo esto lo estén pagando también los niños”
En cuanto a las carencias de personal en la biblioteca de Santa Cruz, se trata de un problema que viene muy de atrás, pues la plantilla se reduce de manera drástica al no cubrirse las vacantes que dejan las jubilaciones y las de trabajadores interinos que finalizan su contrato. “Al parecer -apunta Laura Escuela-, se han creado tres plazas nuevas, pero solo se ha dotado una para el presupuesto de 2025, con lo que estamos en las mismas: nada se soluciona”.
Mientras tanto, y a la espera de respuestas reales de las instituciones, los usuarios han emprendido una recogida de firmas en la plataforma Change.org; tramitan una queja ante el Defensor del Pueblo; seguirán concentrándose (en principio, el último miércoles de cada mes); organizan una acción comunitaria, a través de las AMPA de los colegios, para que los niños expresen su opinión, y no dejan de recibir apoyos, como el de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid).
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