El PP decide hoy si ayuda a Canarias o cede al chantaje político de Vox

Vox acentuó ayer su chantaje político al PP y suspendió toda negociación presupuestaria con los populares en el caso de que acepten algún acuerdo con el Gobierno central y los de Canarias y Ceuta sobre una distribución obligatoria del esfuerzo para acoger menores migrantes no acompañados por todo el territorio estatal durante la reunión prevista para hoy.

La amenaza de Vox no resulta baladí por dos cuestiones. La primera es que hasta seis comunidades autónomas gobernadas por el PP dependen de sus socios extremistas para sacar adelante las cuentas regionales de 2025: Aragón, Valencia, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Baleares, porque la otra opción que les quedaría es llegar a acuerdos con el PSOE en estas autonomías. La segunda es que el partido de Santiago Abascal ha demostrado que cumplirán tal amenaza, no en balde ya aprovecharon un acercamiento del PP en este sentido para abandonar los cargos que ocupaban en los gobiernos de cinco de las seis autonomías citadas (la excepción es la balear).

Por si aún quedasen dudas del rendimiento partidista que pretende obtener Vox de este drama humanitario que se padece en Canarias, donde en la actualidad se acoge a 5.700 menores de dichas características tras un año récord de llegadas por la ruta atlántica, su secretario general, Ignacio Garriga, recalcó ayer que “nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad [con esto fomentan un bulo desmentido sistemáticamente por las estadísticas oficiales y memorias de la Fiscalía] que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos”, dijo en declaraciones a los medios.

Desde el propio PP, su portavoz, Miguel Tellado, se mostró pesimista sobre la reunión prevista para hoy, aunque aludió a que el Gobierno central no cumple con sus condiciones previas, algo que niega el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Según recordó ayer el expresidente regional en un mensaje que comparte con el Gobierno canario, “la única respuesta posible” es el cambio del artículo 35 de la Ley.