El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, defendió ayer el informe sobre los contratos sanitarios durante la pandemia de la covid-19 que fue aprobado en noviembre, tras ser desaprobado hace dos años en el propio pleno del órgano auxiliar del Parlamento. Pacheco se enfrentó al Grupo Socialista (Manuel Hernández) y de NC-BC (Esther González), que sentenciaron que el prestigio de la institución queda “tocado” con un documento que, a su juicio, tiene una “intención política”, después de que la responsabilidad política haya quedado archivada de forma provisional por el Tribunal de Cuentas.
El informe analiza 106 contratos -el 62% del importe global- entre marzo y diciembre de 2020. Certifica compras de material sanitario por un importe de 81,9 millones. Más del 61% se concentra en cuatro empresas: ACJ (17,9 millones); Damco (14 millones); Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (9,7 millones) e Injoo Technology (8,9 millones). En la relación, se incluye a RR7 United, la empresa que da nombre al caso mascarillas por el pago de cuatro millones de euros, en dos plazos, por un millón de cubrebocas que terminaron destruidas por ser falsas. La Audiencia de Cuentas observa indicios de responsabilidad contable.
Exinterventora
En la comisión de investigación, la exinterventora general de Canarias Natalia de Luis expuso ayer que el procedimiento de contratación de las mascarillas a RR7, que el Servicio Canario de la Salud (SCS) nunca recibió, “no fue el adecuado” desde el punto de vista administrativo.
De Luis indicó que resulta “discutible” que, una vez resuelto el contrato con RR7 ante el incumplimiento de su compromiso, “se reactivara”. Pero, si a partir de ahí, prosiguió, “hay otro tipo de responsabilidades, corresponde a la vía judicial determinarlo”. Se reservó su opinión sobre el informe de la Audiencia y recalcó que los contratos de emergencia no se someten a una fiscalización previa a la autorización del gasto.
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