La Audiencia Nacional ratificó ayer que el terreno destinado al proyecto hotelero en La Tejita, en El Médano, es urbanizable y está fuera de las parcelas públicas de Costas, lo que permite mantener la servidumbre de protección costera en 20 metros, conforme a la Ley de Costas. La decisión rechaza el recurso presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que solicitaba ampliar esa franja a 100 metros.
Rubén Pérez, portavoz de la asociación, considera que esta decisión “no exime al proyecto de cumplir con las normativas en vigor”, especialmente en relación a las áreas afectadas por el dominio público y la servidumbre de protección.
Según Pérez, alrededor del 30% de la parcela “está comprometido por este motivo”, lo que, según su criterio, reafirma la idea de que la promotora “deberá reconsiderar el proyecto”.
ATAN argumentaba en su recurso que el Plan Parcial Costabella-El Médano, aprobado en 1971, no cumplió con los plazos urbanísticos previstos, lo que, según la asociación, justificaba ampliar la servidumbre a 100 metros. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha avalado que el terreno estaba categorizado como reserva urbana desde los años sesenta y que el plan estaba parcialmente ejecutado antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, lo que le otorga características y condiciones diferentes a los planes urbanísticos aprobados posteriormente.
Además, el abogado del Estado advierte de que prohibir ahora la ejecución de los distintos planes daría lugar a una indemnización.
El colectivo pedía la revisión del deslinde en un tramo de casi medio kilómetro, entre los vértices 147 y 155, alegando que el plan parcial “no había cumplido con los deberes urbanísticos en los plazos previstos”, ya que las obras no comenzaron hasta después de 1981. No obstante, la audiencia concluyó que, en el año 1988, ya se preveía que en este entorno se desarrollara una urbanización turística y, además, en 2002, el deslinde “ya había sido validado bajo estas mismas condiciones”.
ATAN considera que el fallo refleja “una aplicación obsoleta de las normativas”, lo que prioriza el desarrollo urbanístico por encima de la protección del litoral.
Mientras, las obras se concentran en la parte superior del terreno, zona donde, en estos momentos, se lleva a cabo la construcción de las áreas residenciales del complejo.