Plena Inclusión Canarias denunció ayer que las asociaciones sociales se encuentran “en quiebra técnica y al borde del colapso” por el desfase histórico entre el coste real de los servicios que prestan y la financiación pública recibida. Por tanto, anuncian la convocatoria de movilizaciones los próximos 13, 20 y 27 de enero de 2025 frente a las sedes de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, por una financiación justa si no se llega a un acuerdo satisfactorio antes.
La plataforma que representa a 28 entidades que prestan apoyo a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias señala que, actualmente, las entidades bajo su paraguas gestionan 2.030 plazas públicas de dependencia y se enfrentan “a una quiebra técnica” debido a la falta de actualizaciones presupuestarias y a años de desfase entre el coste real del precio por plaza y la aportación pública recibida, lo que “pone en riesgo los apoyos esenciales” para sus usuarios con discapacidad.
Natalia Cañeque, gerente de Plena inclusión Canarias, y Victoria Gómez, su homóloga de Apanate, alertaron ayer de la “grave infrafinanciación” de las plazas por parte de la administraciones públicas y reclamaron “soluciones urgentes” ante un desfase histórico que pone en riesgo el bienestar de miles de personas y sus familias. “Aunque la gestión sea de nuestras entidades, las plazas son públicas y su financiación es competencia exclusiva de la administración”. Sin embargo, “vivimos en la incoherencia” de que son las familias y entidades “las que asumimos la diferencia” entre el coste y la aportación pública.
Estos colectivos, que llevan años reclamando incrementos anuales que acaben con ese déficit histórico entre la financiación y el gasto real de cada servicio, se ven obligados a salir a la calle para evitar una quiebra técnica que pone en peligro la viabilidad de los apoyos esenciales que prestan.
El Gobierno canario nunca actualizó el coste de los años 2023 y 2024 ni las actualizaciones del SMI y el IPC ni otros gastos. De hecho, “la última actualización corresponde con el incremento de 2022, que se cobró a principios de 2024”, denuncian. Para 2025, habría un acuerdo para paliar el incremento del 10% del convenio colectivo “y es un respiro importante”, pero “necesitamos que nos desbloqueen la situación y actualicen los de 2023 y 2024, porque abordamos la actividad diaria con finanzas que no están saneadas”. Además, exigen solventar “parte de la deuda histórica, sobre todo en los recursos alojativos, los que más pérdidas generan”.Recuerdan que hay “distintas tipologías” de plazas y recursos de distinta intensidad: viviendas en comunidad, centros de día, ocupacionales o servicio de promoción de la autonomía personal, y todos tienen distinto tipo de precio/plaza. La situación más sangrante llega en los recursos alojativos y las viviendas en comunidad, “la diferencia viene a ser de entre un 80 y un 100%, lo que es inasumible para las asociaciones”. “Tenemos entidades con 100.000 euros al año de déficit; ni ellas ni los padres pueden seguir poniendo dinero, no podemos sostener el servicio público de servicios sociales”. “Es un derecho reconocido en la ley y en el catálogo de servicios sociales porque son plazas públicas. No hay que reclamar un derecho, hay que cumplirlo”.
Otro desfase se da en los gastos de transporte para acudir a los centros de día y los ocupacionales. “Hoy, ese transporte se paga a 7 euros diarios desde 2022, cuando al Tercer Sector le cuesta entre 15 y 16 euros, que hay que multiplicar por los 248 días que vienen al centro y por el número de usuarios que acuden”. “Es inasumible e imposible seguir así”, recalcan.
Las portavoces de Plena Inclusión Canarias afirman también que esta petición engloba no sólo a las entidades y las plazas que gestionan, sino a todo el colectivo de asociaciones que trabajan con la discapacidad en el Archipiélago, por lo que exigen al Gobierno regional que realice los cálculos y presente su propuesta para negociar.
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