La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias (FSC-CC.OO.) alertó ayer de la “grave crisis” que enfrenta el transporte sanitario tras la renovación de los contratos públicos por parte de la consejería de Sanidad del Gobierno autonómico. El responsable del subsector de ambulancias, Enrique Espi, denuncia que, “lejos de solucionar los problemas existentes”, está empeorando una situación que califica de “insostenible”, debido a la “ausencia de fiscalización técnica y laboral” a las empresas adjudicatarias.
La federación sindical acusa a la Administración de incumplir la Ley de Contratos del Sector Público, al no controlar “las irregularidades, incumplimientos e ilegalidades cometidas” por las empresas adjudicatarias: “Es muy preocupante y alarmante que la Administración y la consejería de Sanidad conozcan estos hechos y renueven los contratos sin penalizar los incumplimientos”.
A su entender, esta “permisividad” otorga a las empresas “una sensación de impunidad”. Operan “como si estuvieran protegidas” por la Administración, se queja Espi, “sin consecuencias negativas para ellas, pero con un impacto devastador para los trabajadores y usuarios”. En concreto, recalca que la empresa Iscan, en Gran Canaria, “ha llegado al extremo de vulnerar reiteradas veces derechos fundamentales de libertad sindical”, circunstancia que esta organización expuso en los tribunales.
“Solución viable”
El sindicato cuestiona la externalización de “un servicio esencial” que se gestiona con dinero público. “La gestión directa es la única solución viable para garantizar la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos laborales y sindicales”, defienden desde Comisiones Obreras. Sin embargo, lamenta Enrique Espi, “el acuerdo para fiscalizar a las empresas y el estudio para la internalización del servicio siguen paralizados por intereses” que, apostilla, desconocen.
En este escenario, FSC-CC.OO se pregunta por qué la Administración “no actúa y prioriza este sistema, claramente perjudicial para los trabajadores y los usuarios”. Consecuentemente, urgen a la consejería de Sanidad una respuesta que garantice “la calidad del servicio y el cumplimiento de lo firmado en los contratos públicos con las empresas adjudicatarias”. De paso, reivindican la protección de los derechos laborales y un avance “real” hacia la gestión pública directa del transporte sanitario en la comunidad autónoma canaria.
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