Como corresponde a dirigentes políticos consecuentes con las responsabilidades inherentes a su cargo público, tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, llevan desde al menos julio pasado negociando una solución para terminar con la manifiesta insolidaridad de la mayoría de las comunidades autónomas peninsulares a la hora de auxiliar a Canarias en la acogida de los menores migrantes no acompañados que sobreviven a la temible ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo.
Inasequibles al desaliento que supone el sistemático bloqueo a todas sus anteriores protestas por parte del Partido Popular (que felizmente no tuvo problemas cuando se trató de menores de edad de origen ucraniano), Clavijo y Torres celebraron ayer su enésima reunión a tal fin con resultados positivos. No en balde, tienen prácticamente cerrado otra posible solución que, a falta del visto bueno jurídico, pretenden cerrar la semana que viene un nuevo documento con el que empezar a negociar con los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a partir de la primera semana de febrero.
Eso sí, todos son conscientes de que el reciente acercamiento de los independentistas catalanes de Junts al PP y a la formación ultraderechista Vox pone más palos a las ruedas de esta carreta, por cuanto que, sin el visto bueno del expresidente de la Generalitat catalana y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, ni siquiera podría salir adelante a través de un decreto ley.
Sea como fuere, Torres y Clavijo avanzaron ayer en esa nueva propuesta en una cita en la que, para preservar en lo posible el beneficio de tales avances, optaron por no publicitarla ni convocar a los medios.
Esto no es óbice para que haya trascendido que el ajuste jurídico de la nueva propuesta versa sobre los parámetros para la distribución del esfuerzo de la acogida. Parece obvio que el de mayor población de las comunidades está asumido por todas las partes, pero hay otros, como el historial de solidaridad reciente por cada una o el tamaño del territorio, que siguen en un veremos.
A este respecto, Clavijo sólo adelantó ayer que ve “muy cerca” el objetivo de que, en la primera semana de febrero, los grupos políticos en el Congreso tengan sobre la mesa un documento, que se siguen celebrando las reuniones e, insistió una vez más, que se ha marcado “un plazo” para tener un borrador de un documento que, admite, es complejo legalmente.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial coinciden con Clavijo en su evaluación favorable respecto a la negociación en curso, pero se limitan a confirmar que “se sigue avanzando”.
En lo sustancial de la propuesta, ya se cuenta con el respaldo del PNV y, por ende, del Gobierno del País Vasco, así como el del Ejecutivo de Ceuta y la actitud favorable de la Generalitat. Por el contrario, Baleares ya ha dejado claro que Canarias no puede contar con ellos. Con Junts se habló, pero, para ellos, la clave pasa por el control de la fronteras, algo que no contempla el Gobierno de España, como ha recordado en diversas ocasiones el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Catalunya considera “razonable” la propuesta y garantiza su apoyo
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sostuvo ayer que la propuesta de Canarias para reequilibrar el esfuerzo de acoger con un mínimo de dignidad a menores migrantes no acompañados resulta “razonable”. Además, resaltó la “solidaridad” de su Ejecutivo para resolver el problema. En un encuentro informativo organizado por la Cadena Ser, mostró su confianza tanto en el Gobierno central como en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para encontrar una solución. No obstante, dijo que prefiere ser “discreto y prudente” e, incluso, confesó que se iba a “contener” porque “tanto hablar de España algunos”, en referencia a las fuerzas políticas de la derecha, y en lo que contribuye a “fortalecer” al país, “ahí no están”. “Miren quiénes estamos”, recalcó.
Sobre financiación autonómica, Illa dejó claro que no quiere “ningún privilegio para nadie” en esa eventual reforma, a la par que anunció más colaboración entre las comunidades de Canarias y Catalunya sobre asuntos relacionados con el turismo, la cooperación, la energía y la inteligencia artificial.