La Consejería de Justicia anuncia que los escáneres afectados en los juzgados tinerfeños se actualizarán desde hoy

La respuesta ha sido inmediata por parte de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias tras hacerse eco DIARIO DE AVISOS, en su edición de ayer, de las quejas generadas en varios juzgados tinerfeños por los problemas suscitados tras la cancelación de un contrato de servicios que garantizaba el normal funcionamiento de elementos esenciales, como son los escáneres, para la tramitación de la documentación.

Conscientes del problema, desde la consejería se anunció ayer que los escáneres que no están operativos en “algunos juzgados” de Canarias “sí funcionan, pero necesitan de una actualización”, una acción que comenzará a emprenderse desde hoy, tal y como le ha confirmado la empresa suministradora de estas máquinas al citado departamento del Ejecutivo autonómico.

Mediante un comunicado, la dirección general de Justicia aclaró ayer que el fallo afecta a los escáneres multifunción, en lo que consideran que es “un problema puntual y que no está generalizado”. Así, afirman que el problema radica en que “necesitan” esa actualización para que “vuelvan a estar disponibles en red y para que la documentación escaneada se pueda derivar a una carpeta compartida”.

Asimismo, y como solución provisional, la dirección general sostiene que “se puede escanear y pasar la documentación a un pendrive, tanto desde estos escáneres multifunción como desde los de mesa que se han suministrado”, pero comprenden que esta alternativa “ralentiza el proceso en casos de gran volumen de documentación”.

En ese sentido, agregan, la empresa suministradora de las máquinas ha confirmado a la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia que hoy, viernes, empiezan con las actualizaciones.

“Los escáneres de mesa son un apoyo para escanear documentación de escaso volumen, especialmente para el caso de los registros. No se han instalado para suplir el trabajo de los escáneres multifunción”, exponen igualmente desde la consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, a la par que aseguran que se han puesto en contacto con todos los jueces decanos de los juzgados afectados.

Sea como fuere, lo cierto es que a las quejas ya proferidas, especialmente desde el Decanato de los juzgados santracuceros y de la sección de Justicia de Intersindical Canarias, ayer se sumaron las procedentes de otra pieza clave en el funcionamiento de los tribunales insulares, como son los de Arona.

BLOQUEO

Fuentes judiciales de este partido judicial sureño sostuvieron ayer que, “desde que no se renovó la licencia con determinada empresa que nos suministra directamente a los juzgados respecto a las fotocopiadoras y los escáneres, están inutilizados y bloqueados y, por tanto, no se puede fotocopiar ni imprimir ni escanear; y, si siguiéramos así, quedaría paralizada la administración de Justicia, lo que, sin duda, sería una vergüenza por tercermundista”, un extremo que se evitará en el caso de que, como le han garantizado a la dirección general autonómica, la empresa encargada de solucionar estos problemas comienza desde hoy a trabajar en ello.

De cualquier modo, dichas fuentes de los juzgados aroneros coinciden con los de Santa Cruz de Tenerife en la importancia de resolver cuanto antes esta dotación de medios materiales, por cuanto amenaza al normal funcionamiento de un servicio público de tanta relevancia como éste.

No en balde, las consecuencias no deseadas por estos problemas técnicos pueden ser especialmente dañinas en, por ejemplo, los afectados en procedimientos por violencia de género o, incluso, en asuntos tan mediáticos como el del caso Mediador, por cuanto la titular del caso que lo instruye fue la primera en quejarse públicamente hace tres semanas por esta causa, ante la posibilidad de que de eso derivase la concurrencia de una circunstancia atenuante, como es que la instrucción registre dilaciones indebidas por causas ajenas a los encausados.

Otra de las quejas expresadas desde Arona es la falta de explicaciones por parte de la consejería en un asunto que, insisten, tiene el potencial de paralizar sus juzgados si no se le pone remedio más temprano que tarde.