Los comités de empresa de la consejería de Bienestar Social del Gobierno canario denunciaron ayer una “estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos” que parece ser “la antesala de una posible externalización y privatización” en el departamento caracterizada por un “deterioro del clima laboral, una sobrecarga de trabajo que afecta a la ciudadanía, el cierre de servicios debido a la ineficaz gestión del personal, la falta de recursos humanos para afrontar el aumento de la demanda y reiteradas vulneraciones de derechos laborales, con casos de amenazas veladas y hostigamiento por los responsables de distintas áreas y servicios”.
Los trabajadores lamentan la “gestión ineficaz y el deterioro del servicio público” pues, tras más de año y medio del actual equipo de gobierno, “sigue sin ofrecer respuestas ágiles y eficaces” a los problemas de la consejería, pese a la “intensa campaña mediática” para ofrecer una imagen muy diferente de la situación que enfrentan los usuarios y trabajadoras.
Los comités ponen el foco en las 13 escuelas infantiles dependientes de la consejería, con más de 50 años atendiendo a la infancia de 0-3 años, y que desempeñan una labor esencial. Denunciaron “los graves problemas por falta de personal” que no se sustituye rápidamente y “se tienen que cerrar aulas y dejar a menores sin atención con el perjuicio a las familias”, la falta de auxiliares en el aula “ni siquiera para asistir en el comedor” o la contratación de cáterin a pesar de tener cocinas y personal.
Acusaron “el incumplimiento” de crear una comisión de seguimiento y un estudio monográfico, o que no se hayan rehabilitado los centros con fondos Next Generation, siendo utilizados para la creación de plazas en centros de la consejería de Educación, “evidenciando el abandono y la desidia” hacia el recurso existente. Otra “discriminación y agravio” es que, en los centros de Educación, la matrícula es gratuita, mientras ellos exigen una cuota mensual.
También criticaron que se tardan más de dos meses en la atención y el registro de documentos, que en discapacidad la lista de espera roza los cuatro años, en la renta de ciudadanía hay más de 7.000 expedientes por revisar, la carga de expedientes “inasumible” en el área de Menores o las denuncias en el área de dependencia.
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