Comienza el proceso previo para elaborar la Ley del Empleo Público de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó ayer, a instancia de la consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, comenzar la tramitación del futuro proyecto de ley del Empleo Público de Canarias y actualizar el marco legislativo autonómico en la materia. Con esta iniciativa, se cumple la disposición final sexta del decreto ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración de la Comunidad, convalidado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2024.

En el decreto, se estableció un plazo de los seis meses desde su entrada en vigor para que la consejería competente abriría el procedimiento de elaboración y tramitación del anteproyecto. En los próximos días, se dictará una orden para la participación.

Los trabajos estarán coordinados por el viceconsejero de Administraciones y Transparencia. La dirección general de la Función Pública impulsará las actuaciones. Nieves Lady Barreto expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo que se buscará concitar el máximo consenso posible en torno a la futura normativa, con la que se pretende “mejorar y actualizar la Administración pública canaria para que sea fiel reflejo de la sociedad actual”.

En la declaración de intenciones, se incluye una serie de reivindicaciones de carácter general que venían demandando los trabajadores públicos, como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que data de 2015 y que no se había completado en Canarias; afrontar y desarrollar el reto de la carrera profesional dentro de la administración, y la valoración del desempeño del trabajador. Se conformará una Mesa Técnica Administración-Sindicatos sin perjuicio de la negociación colectiva ordinaria.

Sobre la quita de la deuda: “No vamos a pagar la fiesta de otros”

Fernando Clavijo advirtió ayer de que Canarias no está dispuesta a “pagar la fiesta de otros” y que pedirá que se le compense con financiación si el Gobierno central opte por asumir parte de la deuda de algunas regiones. Se refería a la propuesta de condonación que el Ministerio de Hacienda llevaría el 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera. En vísperas de la reunión de Clavijo con María Jesús Montero, Alfonso Cabello reclamó 200 de los 900 millones de euros comprometidos en 2024.