La junta general extraordinaria de accionistas del Club Deportivo Tenerife del pasado martes deja numerosos cadáveres por el camino. Sirvió para fabricar un nuevo consejo de administración, que muy probablemente se reunirá hoy jueves para elegir al presidente, pero también fue empleada para agraviar a muchos actores, principales y secundarios, del día a día de la entidad. El día después sirvió para constatar los rencores que ahora albergan los que pueden considerarse perdedores de esta asamblea. En ese saco hay que meter a los accionistas locales sindicados y también a los que se les exige una acción social de responsabilidad.
Las votaciones que dejaron en evidencia a Samuel Gómez Abril, Conrado González y Paulino Rivero fueron recibidas como una puñalada trapera en el bando de los empresarios locales, que se quedan en minoría en el consejo tras los nombramientos de José Daniel Díaz y Francisco Miguel Heredia. José Miguel Garrido fue advertido previamente de que no podía votar de manera distinta con sus dos sociedades: Eolus Capital y las extrasindicadas que figuran en Only One Way. El máximos accionistas no cumplió y ahora sus aún socios planifican iniciar acciones legales “por daños y perjuicios”.
Igualmente agraviados se sienten el expresidente Paulino Rivero, que ayer acudió a la sede del club para despedirse de los empleados, Conrado González y Samuel Gómez Abril. Los tres ya han solicitado asesoramiento legal por la denominada acción social de responsabilidad, un ejercicio que puede derivar en consecuencias jurídicas.
No más satisfechos se encuentran aquellos accionistas minoritarios que delegaron su voto en asociaciones como la Federación de Peñas o Unidad Blanquiazul, que decidieron no incluir en el paquete de la acción social de responsabilidad a los exconsejeros Santiago Pozas y Juan Guerrero.
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